“Mucho se habla de bajar la edad de imputabilidad del delito para los menores, en la que estoy totalmente de acuerdo, la realidad de nuestra sociedad no es la misma que hace tiempo atrás cuando se sancionaron nuestras leyes vigentes. Tal vez la forma más sencilla de explicarlo sería mencionar que el narcotráfico no existía de forma tan contundente como en la actualidad y por ende, nuestros jóvenes no eran carne de cañón de esta realidad que no podemos ocultar, y mucho menos cegarnos bajo el manto de la hipocresía”, sostuvo.

“Más allá de la discusión que le corresponde a los especialistas en el ámbito del derecho, en cuanto a la comprensión de la criminalidad del delito, si se tiene o no discernimiento, si a los 10, a los 12, o a los 14 años, si ratificamos o no tratados internacionales a los cuales estamos sujetos porque forman parte de nuestra ley por imperio del Art. 75 de nuestra Constitución Nacional y conllevan su jerarquía, más allá de la leyes que le otorgan facultades a nuestros jueces para poder disponer de los jóvenes delincuentes violentos, que impliquen peligrosidad para sí o para terceros –cuestiones que sin duda merecen un debate y una solución inminente- quiero detenerme en la realidad, en las cuestiones de hecho”, avanzó.

En el comunicado de prensa difundido, sostuvo que “no es beneficioso para nadie que el Ejecutivo Nacional argumente que los jueces tienen las herramientas legales para enfrentar estos casos y disponer de estos menores”. “Esto lo sostengo por considerar que todo el sistema de minoridad hace agua por donde se lo mire”, apuntó.

“¿Existe en nuestro sistema un espacio físico para recuperar y reinsertar a estos jóvenes a la sociedad con las garantías y finalidad que nuestra ley exige?”, se preguntó, y de inmediato respondió: “La realidad es que no… de hecho nuestro Estado no ha podido en nuestras cárceles separar a los procesados de los condenados mayores”.

“Si logramos ser menos hipócritas como sociedad, si dejamos de lado los discursos políticos con fines electoralista, si nos paramos en la vereda de la realidad sin disfraces y despojados de intereses subjetivos, hallaremos la verdad… No contamos desde el Estado con Institutos capacitados para albergar y tratar adecuadamente a los menores con esta problemática”, reflexionó.

El texto apunta: “Se escuchan muchas voces de ONG, que conviven, se preocupan y ocupan de decir que los centros de internación solo son meramente formales, los menores que ingresan a ellos con el objetivo de recuperarlos, se terminan graduando en la facultad del delito. Otros quedan libres, a la deriva, sin un Estado que los contenga”.

“En definitiva, es mi convicción que mientras el Poder Ejecutivo eluda su responsabilidad tirándole “la pelota” al Poder Judicial, haciendo caso omiso a la imperiosa necesidad de invertir, no solo en planes sociales tendientes a lograr la inserción -como el Plan Envión que es exitoso pero insuficiente en esta problemática que tiene varias aristas-, sino también en aportar con recursos en crear Centros especializados en el tratamiento de los jóvenes, instituciones que estén despojados de los ropajes que solo esconden mezquindades políticas”, dijo.

Y concluye el texto advirtiendo: “Mientras ello no ocurra, mientras no se controlen nuestras fronteras para frenar el ingreso vergonzante de drogas en nuestro País, mientras el Estado este ausente o siga mirando para el costado y evadiendo responsabilidades, difícilmente podremos salvar a nuestras futuras generaciones de los males instalados en esta nuestra sociedad”.