Se trata del emplazamiento que hace la comuna a partir de la denuncia de vecinos de ocho barrios que piden sacar la planta, ya que -para ellos- es causante de la plaga de insectos. Posición de la empresa.
Esta situación que afecta a mucha gente está lejos de definirse y hace recordar la lucha de los vecinos de barrios aledaños a la firma Cuyoplacas, en el Acceso Norte (Las Heras).
Por lo pronto, hay un emplazamiento municipal para que el empresario se mude con sus instalaciones a un punto del departamento que no afecte zonas residenciales. Podría ser Barrancas u otro punto a convenir.
Los titulares de la empresa explicaron su posición y dijeron sentirse perseguidos por la autoridad municipal.
La zona es sitio de radicación de numerosos barrios, al menos ocho, y de diversas escuelas primarias y secundarias.
La situación no resulta creíble si no se recorre algunos de esos sectores habitados y se observa la situación en los propios domicilios. La presencia de los molestos insectos es una realidad con la que se convive a diario en los barrios Kobe, Don Octavio, Antártida Argentina y otros de reciente construcción. Colgar ropa en el patio, tener un ambiente con la puerta abierta o hacer un asado, se convierten en hechos mortificantes.
En 2000, se inició un procedimiento para mitigar el problema. Los vecinos consiguieron, por medio de una acción de amparo ambiental, ayudados por la organización Prodelco, que la firma adoptara medidas para disminuir los molestos dípteros.
“La realidad fue que la plaga de moscas sufrida por tanto tiempo disminuyó en parte entre 2000 y 2004- 2005”, dijo Rosa Núñez, presidenta de la unión vecinal del Kobe, el sector con viviendas más próximo a la industria. Pero la misma dirigente admitió que con posterioridad a esos años, la presencia de los insectos recrudeció a niveles muy altos, con sus secuelas. Una de las más importantes es tener que usar importantes dosis desinsectantes, “que a la larga son nocivos para la salud”, dijo la citada vecina.
Con el recrudecimiento de las protestas de los habitantes de la zona, la Municipalidad de Maipú dictó la ordenanza 5.407, sobre regulación de cría y tenencias de animales y posteriormente, la ordenanza 5.408, que decretó la emergencia sanitaria ambiental del distrito de Luzuriaga que, en los hechos, significaba emplazar a la firma productora de huevos a trabajar con niveles de seguridad industrial y ambiental acordes a los tiempos que corren.
El secretario de Infraestructura municipal, Eduardo Mezzabotta, expresó: “Nosotros completamos la protección del área realizando la limpieza de los sectores exteriores aledaños a la empresa y llevando a cabo periódicas desinsectaciones”.
Para Mezzabotta no hubo una correspondencia por parte de la industria, que no se ciñó a las pautas fijadas por los equipos técnicos y ambientales de la Municipalidad.
La situación llegó a tal tirantez que hace pocos días se realizó un allanamiento judicial al complejo avícola de la variante Yrigoyen, y se comprobó, tal como trascendió en fuentes judiciales y municipales, graves anomalías.
También trascendió el contenido de un video que revela cómo pululan las moscas en los recintos de producción y la existencia de grandes cantidades de guano.
Al comprobar que la faena de la firma no es la que las normas ambientales prevén, y por aplicación de las medidas sanitarias a su disposición, el municipio tomó una decisión. Dio un plazo de seis meses para que el grupo empresario proceda al traslado de la planta. El tiempo comenzó a correr a partir del 17 de febrero pasado.
La Municipalidad sospecha que la empresa no está procediendo en consecuencia. En 30 días, siempre a partir de aquella fecha de febrero, la firma debía presentar un plan de acción de cómo iba a realizar la relocalización de las instalaciones, y no ha presentado hasta ahora ningún papel.
Al contrario, el sector privado ha presentado una acción de amparo contra las disposiciones municipales y el proyectado traslado, además de pedir a la Justicia que dicte la nulidad de las ordenanzas ambientales municipales.
En la causa judicial que se ha puesto en marcha actúa el 18° Juzgado en lo Civil, Comercial y Minas, a cargo de la doctora Alicia Boromei.
Con los vecinos
Los habitantes de las barriadas afectadas por la presencia de los insectos, no quieren perjudicar a la firma ni provocar su cierre, con la consiguiente caída de puestos de trabajo.
“Solamente queremos que se trasladen y sigan haciendo su trabajo en otro lugar”, afirma Norma Cáceres, dueña de un autoservicio de comestibles en el barrio Don Octavio. “A veces -dijo la comerciante- no damos abasto para combatir las moscas y, por los alimentos, no podemos usar tanto los insecticidas”, siguió.
Otras amas de casa, como María Luisa Ponzina y Sara Lima, exigieron que “la comuna se haga cargo del tema y lo solucione antes de que pase más tiempo”.
El malestar también está instalado en escuelas del área. Es el caso de la N° 1-052 Francisco Gabrielli, donde ayer sus directivos se reunieron con funcionarios ambientales municipales para tratar el caso. “El inconveniente de cada día ya no se puede solucionar con insecticida”, afirmó una vicedirectora.
El cotidiano inconveniente de las moscas también afecta a los establecimientos educativos Rieles Argentinos, Alfonsina Storni, Antártida Argentina y Sara Tramontina.
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