A fines del año pasado, la caída de la cadena Blockbuster arrastró consigo a su sucursal platense. El gigante de mil brazos cuyo desembarco fue visto como una amenaza letal por los videoclubes de barrio desapareció sin pena ni gloria. Sin embargo, los pequeños comerciantes no tuvieron tiempo para sentirse aliviados; los mismos enemigos que contribuyeron decisivamente a la quiebra de la firma internacional -piratería, venta ilegal de DVDs en kioscos de revistas, autoservicios y ferias de cualquier tipo- golpean a las puertas de todos.

En la Ciudad, sólo una veintena de videoclubes resiste los embates de una realidad hostil. "La tendencia sigue siendo sumamente negativa y está lejos de revertirse" subraya el platense Norberto Melo, vicepresidente de la Cámara Argentina de Videoclubes (CAV): "hay pymes con dos o tres locales y muchos empleados que se han reducido a un solo negocio atendido por sus dueños; de 3 mil que había en todo el país cinco años atrás, hoy queda menos de la décima parte".

"En algunos casos, las que subsisten son empresas familiares que se sostienen en el orgullo y el amor por el cine de sus propietarios" explica Melo, quien destaca que "la venta de películas robadas es el único delito penal que se ejerce públicamente, a la vista de todos y con la aparente complacencia de las autoridades. Es inexplicable porque piratas como los de nuestra plaza Italia, por dar un ejemplo, no son buscavidas aislados sino engranajes de una mafia que mueve millones; una replicadora industrial como las que usan los proveedores de estos puesteros cuesta más de un millón de euros".

Clic para ampliarEl dirigente cree que "plaza Italia es un caso emblemático; el delito público organizado ha cercado a los artesanos... En el caso de los DVDs, estas prácticas quiebran toda la cadena de comercialización, perjudican a las salas de cine y a los editores legales a los que les van cerrando los lugares en donde pueden distribuir las películas".

Desde la Unión Argentina de Videoeditores (UAV) se admite que la actividad "está en su mínima expresión". La entidad envió una carta a autoridades nacionales denunciando "la desidia y el desapego a las normas de parte de quienes deben hacerlas cumplir". La presidenta Cristina Fernández, la ministra de Seguridad Nilda Garré, y los comisarios de todas las seccionales de la Policía Federal -la piratería es un delito de esa jurisdicción- fueron los destinatarios de la misiva.

"La municipalidad tampoco reacciona", acota Norberto Melo: "a veces pareciera que entre los funcionarios hubiera una especie de demagogia mezclada con miedo, como si dijeran 'dejemos las cosas como están a ver si perdemos votos; a la gente le gusta comprar así las películas', y no quisieran exponerse a las represalias de bandas que si son 'molestadas' les hacen un escrache frente al palacio municipal. Lo cierto es que se pierden muchísimas fuentes de trabajo a manos de negocios ilegales".

En este contexto, la Comuna afirma que "la venta ambulante de CDs y DVDs se ha reducido considerablemente". Ignacio Martínez, titular de Control Urbano, observa que "la piratería es un delito federal, y los operativos por ese motivo los realiza habitualmente la policía. Nuestra intervención se da cuando hay venta ambulante, que transgrede una ordenanza municipal, y es efectiva; ya no se ven tantos 'manteros' como antes. Estamos a la espera de la autorización judicial pera destruir más de diez mil discos piratas que tenemos en custodia".