El amparo se presentó en agosto de 2010 en el juzgado de Control de Garantías de Andalgalá para demostrar la inviabilidad del proyecto de Minera Agua Rica, recurso que llegó hasta la Corte de Justicia de Catamarca, que lo rechazó porque entendía que no era un amparo sino otra acción la que debía intentarse, aunque no especificó cuál. Ante esto, los promotores de la denuncia presentaron un recurso federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación se abocó a la causa a comienzos de este año.

Desde ese entonces, luego de varias intimaciones al máximo órgano de justicia local, éste envió el amparo completo al máximo tribunal del país y con fecha de 29 de julio de 2013, la Corte Suprema ha enviado el expediente a la Procuración General de la Nación. El mencionado organismo, como ya es sabido, se encuentra a cargo de Alejandra Gils Carbó, quien deberá emitir su opinión sobre el reclamo de Andalgalá.

El amparo se fundamenta en los daños ambientales ya producidos y a producir por la explotación de Agua Rica básicamente, y pide como medida cautelar la paralización de todos los trabajos.