En el corazón de un monte ya deprimido, al que le arrancaron sus mejores hijos, renace la esperanza de catorce familias. Para llegar, hay que recorrer varios kilómetros desde San Pedro y otros tres kilómetros de un sinuoso camino. Una bandera izada en un improvisado mástil natural marca la pertenencia argentina. Pero el portugués domina la lengua de los vecinos, que sin embargo están litigando por hacer su futuro en medio de lo que queda del monte misionero.

El ruido de las motosierras se confunde con el de los pájaros en la fresca siesta. Las tierras ya dieron sus mejores frutos a las industrias forestales y ahora albergan el sueño de unas catorce familias que fueron expulsadas de los predios que ocupaban. Pero ahora cada una tiene un promedio de 25 hectáreas y aunque todavía falta mucho para establecer la colonización, las casas comienzan a levantarse, los rosados a marcar el lugar donde en unos meses habrá ganado, maíz o tabaco.

Después de un intenso conflicto con piquetes en la ruta, ahora los ocupantes prefieren construir y mantienen un diálogo abierto con el Gobierno. Se muestran dispuestos a pagar por sus tierras, aunque piden renegociar las condiciones. Valdir Vaz, del grupo Campesinos Organizados por el Trabajo Agrario, una entidad creada en 2004, que agrupa a unos 400 agricultores, lleva la voz cantante y pide que el pago de las propiedades se inicie en enero de 2015, para darle tiempo a cosechar lo que planten. También pide bajar los intereses fijados por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional para tener condiciones más favorables.

El subsecretario de Tierras, Jaime Ledesma, quien lleva adelante la dura tarea de reubicar en unas tres mil hectáreas a las familias desalojadas, el ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta y el intendente de San Pedro, Miguel Dos Santos, participaron el viernes de una asamblea con las familias.

El reclamo central es que las viviendas del Iprodha se terminen a la brevedad posible, ya que muchos todavía duermen en precarias carpas. Piden también que se construya un aula satélite para albergar a las dos docenas de chicos que hoy reciben educación en bancos y mesas naturales y siempre y cuando no llueva, ya que las tres maestras recorren distancias de entre 25 y 40 kilómetros.

Pero la problemática es mucho más profunda, ya que con la necesidad de muchos, convive la ambición de unos cuántos, que siguen vendiendo tierras que no les pertenecen, como uno que cobró 150 mil pesos por su parcela apenas unas horas después de que culminara la mensura. Los funcionarios les advirtieron que las tierras no pueden venderse y que quienes compren, corren el riesgo de perder todo, ya que el objetivo de la expropiación por la que el Gobierno pagó 23 millones de pesos es crear asentamientos productivos con criterio demográfico-social. También instaron a los mismos vecinos a frenar cualquier intento de usurpación de esas tierras por parte de quienes quieran hacerse de propiedades sin justificar ni la ocupación ni la necesidad. Es que en la zona hay quienes tienen entre cien y 200 hectáreas y otras propiedades y evidentemente, no pasan las mismas necesidades que quienes fueron relocalizados.

El titular de la cartera de Derechos Humanos ratificó el compromiso del Gobierno en lograr que los relocalizados puedan recuperar sus pertenencias que quedaron en las tierras que fueron el motivo del desalojo, a unos 20 kilómetros de dónde están asentados. Hasta ahora el juez de San Vicente, Antonio Cuenca se niega a permitir el ingreso a las familias para recuperar herramientas, animales y algunas plantaciones que no fueron cosechadas.

Aunque todavía quedan cosas por resolver, Jaime Ledesma acercó tranquilidad a los vecinos y aseguró que el objetivo es que puedan lograr un desarrollo en sus propiedades. Al mismo tiempo pidió la solidaridad de los ocupantes para evitar nuevas maniobras inmobiliarias, que no hacen más que causar un perjuicio al Estado que es el que está realizando las mensuras con una inversión superior a los trece millones de pesos, a lo que hay que sumar caminos y limpieza y la construcción de las viviendas, que están a medio terminar en cada predio. Los mismos ocupantes coincidieron en la necesidad de defender las tierras por la que tanto lucharon.

La asamblea tuvo como veedores a dirigentes del Movimiento Pedagógico de Liberación, encabezado por Rubén Ortiz, que actuó de mediador y acercó a las partes en los momentos más álgidos del debate.

Soria Vieta cerró el debate con el compromiso de sostener el reclamo judicial para que las familias recuperen sus pertenencias perdidas y aseguró que “el Gobierno tiene un compromiso con los más desprotegidos”, a la vez que instó a los vecinos a “tener la capacidad de defenderse a sí mismos”. “Si no confían en el Estado van a perder una oportunidad histórica de resolver un reclamo de vieja data y de tener su título de propiedad”, insistió.

El titular de la cartera de Derechos Humanos advirtió que debe cesar la venta de tierras y la especulación inmobiliaria, porque “los 36 millones que puso el Estado para comprar estas tierras y abrirlos caminos son de todos. Si no nos ayudan a cuidar, vamos a volver a la época de las tolderías, donde el que tenía más fuerza o dinero se quedaba con las tierras. Acá se está repartiendo la tierra un criterio social, son asentamientos productivos con criterio demográfico-social que consolidan la ciudadanía y queremos que tengan la misma dignidad que un habitante de ciudad”, aseguró.

Antes de una breve recorrida por las casas que se están construyendo, Soria Vieta entregó frazadas que se repartieron entre las familias y se comprometió a entregar asistencia alimentaria sobre todo para los niños en ésta etapa inicial del asentamiento.