Más cerca de una Defensoría del Pueblo de pleno acceso. La Defensora del Pueblo, Andrea Galaverna, realizó el pedido formal de recesión del contrato de alquiler de las actuales oficinas del organismo, ubicadas en Mitre 86 en un segundo piso. Por su parte, la intendenta interina, María Eugenia Martini dictó una resolución que autoriza la finalización de la relación contractual con el propietario de las tres oficinas, a partir de los 60 días de notificado.

Lo cierto es que ese dictamen, suma sólo un “paso administrativo” más en proceso de recesión que no tiene plazos establecidos, explicó a ANB el Asesor Letrado de la Defensoría del Pueblo, Carlos Arrative.

Ese avance, autoriza a Galaverna a “suscribir carta documento o cédula notificando al propietario la decisión tomada y acta de entrega del espacio, en donde deberá indicarse expresamente el estado en el cual los inmuebles son restituidos al locador”, indica la resolución del Ejecutivo.

Si bien aún no fue definido el nuevo espacio que se destinará a la Defensoría del Pueblo, Galaverna detalló entre los fundamentos del pedido, que se trataría de “un inmueble que cumple con las pautas necesarias, por tratarse de una vivienda en planta baja, accesible a la gente con movilidad reducida, ubicada fuera del centro de la ciudad, pero accesible por el transporte público de pasajeros desde los distintos puntos del ejido Municipal, contando la misma con las dependencias necesarias para la atención al público, un lugar especial para resguardar la privacidad en los casos que lo requiera, un archivo, sala de reuniones con grupos de vecinos, Mediación Comunitaria y dependencias para la actividad de cada área de la Defensoría (administrativa, legal, mediación, etc.)”. Además, se detalla que “el monto del canon locativo coincidiría con el que hoy se abona en concepto de alquiler más expensas”.

Galaverna hizo hincapié en que su solicitud “encuentra su origen en la poca accesibilidad del lugar a los vecinos, entre ellos personas con movilidad reducidas, personas con discapacidad motora, ancianos, embarazadas etc. Al tratarse de oficinas en un segundo piso, con ascensor de dimensiones pequeñas donde no cabe una silla de ruedas, no se cumple con el objetivo”.

Asimismo, entendió que “lo reducido de los espacios no permite una buena atención al público ni tampoco el desarrollo cómodo, práctico, versátil de cada una de las tareas administrativas y de gestiones que le corresponden a cada área de la misma, no contando de un lugar privado para que los ciudadanos puedan efectuar sus denuncias, ni espacio necesario para el archivo de las actuaciones”.

La Asesoría Letrada entiende que 2lograr una 'Defensoría de puertas abiertas' implica disponer de un inmueble accesible a todas las personas vecinas de Bariloche”.

El marco que permite motorizar el pedido, lo otorgan los seis meses transcuridos de alquiler, que posibilita la rescisión del contrato de alquiler, previa notificación al locador, con no menos de 60 días de anticipación. Instancia cumplida, el pasado 12 de junio.

En tanto, Arrative destacó que ninguna de las gestiones actuales -en el Ejecutivo, a cargo de Martini, ni en la Defensoría del Pueblo, dirgida por Galaverna- dispuso el actual lugar de desempeño de la Defensoría del Pueblo de Bariloche.