Los acreedores de la Mutual de la Asociación Médica del Departamento Castellanos deberán presentar, antes del 4 de marzo, la solicitud de verificación de créditos para recuperar los ahorros que tenían depositados en la entidad que, por disposición de la Justicia Federal se encuentra en pleno proceso de liquidación.

En estos días los interventores, Adrián Cornaglia, Alberto Acuña y Andrea Alzogaray, enviaron una notificación a cada ahorrista en la que informan el estado de cada cuenta. “En caso de que el saldo denunciado coincida con sus registros, deberá presentar el modelo de solicitud de verificación por triplicado y la documentación pertinente que acredite la acreencia”, señala la comunicación que lleva la firma de los tres liquidadores.

Se trata de una nueva medida en el marco de la causa “Instituto Nacional de Asociatividad y Economía Social (INAES) C/ Mutual de Asociados y Adherentes de la Asociación Médica del Departamento Castellanos s/Liquidación Judicial”, que se tramita en el Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe, a cargo de Reinaldo Rodríguez.

El magistrado había dispuesto, en septiembre de 2009, la intervención de la Mutual designando a Cornaglia y Acuña, quienes desplazaron a la Comisión Directiva que por entonces presidía el Dr. Juan Soldano, ante la supuesta existencia de un conjunto de irregularidades. A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades de la Asociación Médica del Departamento Castellanos (AMDC) para terminar con la intervención –la que consideran que se debe a motivos políticos-, la Mutual fue condenada a desaparecer el pasado 30 de diciembre por una nueva Resolución del juez Rodríguez.

Por su parte, Cornaglia y Acuña –abogados de la ciudad de Santa Fe designados por el titular del Juzgado Federal- habían señalado a este Diario que los ahorros retenidos rondan los dos millones de pesos, una suma que la entidad está en condiciones de restituir según habían expresado. “Tenemos el compromiso de devolver toda la plata de los ahorristas y honrar todas las obligaciones que tiene la Mutual. Lo antes posible vamos a restituir el dinero de los asociados”, habían remarcado los profesionales en una entrevista con este Diario.

Desde que la Justicia Federal dispuso la intervención, la captación de depósitos se desplomó cerca de un 50 por ciento ante la pérdida de confianza y, además, también cayeron sustancialmente los fondos disponibles. La explicación es muy simple: una institución financiera intervenida no genera confianza, por lo que una parte de sus ahorristas dejaron de operar gradualmente retirando su dinero.

Asimismo, desde la gremial médica deslizaron cuestionamientos por el manejo que Cornaglia y Acuña realizaron durante la intervención, especialmente en lo que hace al uso de los fondos. Al respecto, apuntaron contra el aporte realizado en concepto de publicidad al piloto de Fiat 600 TS, Miguel Ciaurro, también abogado de Santa Fe que además es hijo de un profesional de derecho muy cercano al ex gobernador y caudillo del justicialismo, Carlos Reutemann.

Los interventores también establecieron “el 16 de marzo como fecha máxima hasta la que se podrán presentar en forma escrita las impugnaciones a las solicitudes formuladas”. A partir de esa fecha proseguirán con la confección del cronograma –que debe ser autorizado por el juez- que permitirá la devolución de los depósitos.

APELACION DE LOS MEDICOS

Las autoridades de la AMDC presentaron hace algunos días un recurso apelando la resolución del juez Rodríguez de liquidar la mutual, en el marco de su decisión de resistir la medida. De todos modos, mientras el magistrado analiza el pedido el proceso liquidatorio no se detiene, por lo que los interventores continuarán avanzando con sus acciones.

Más allá de que la apelación constituye una nueva instancia, será muy difícil que Rodríguez revea su orden que dispuso el fin de la entidad financiera ligada a la gremial médica de Rafaela.

Por otra parte, la situación de la docena de trabajadores de la mutual aún está sin resolverse. Dependerá seguramente de la fecha en que la entidad cierre sus puertas en forma definitiva –actualmente no efectúa operaciones, más allá de recibir pagos de los créditos otorgados- y de si el proceso de liquidación se concreta puertas abiertas o con las persianas bajas.