La intervención del municipio en un terreno privado que está sujeto a expropiación generó una fuerte polémica. Si bien no se registraron incidentes, la tensión generada en torno al inicio de la obra de apertura de calle Guardia Nacional (entre Bustamante y Oscar F. Cafiero, que es la prolongación -de dos cuadras- de calle José Ingenieros hacia el este) motivó que las autoridades dispusieran ayer una presencia policial a modo preventivo durante el desarrollo de los trabajos, que estuvo a cargo de efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD).

Tanto ayer como el martes el propietario del terreno (una zona de barranca ahora surcada por retroexcavadoras) intentó impedir el desarrollo de los trabajos ordenados por el municipio, señalando un carácter irregular en la intervención que se lleva a cabo sobre el inmueble que es de su propiedad. Se trata de Fernando Ponte, quien ayer se negó a dar a EL NORTE explicaciones acerca de su planteo. Fuentes judiciales ratificaron ayer a este medio que el propietario del inmueble en cuestión hizo una presentación en la Unidad Funcional de Instrucción Nº3 a cargo del Dr. Darío Giagnorio. 

A través de un proyecto de ordenanza diseñado por el Departamento Ejecutivo y aprobado el jueves por el Concejo Deliberante, se declaró la «Utilidad Pública» que reviste la obra de apertura y pavimentación de Guardia Nacional. La misma normativa también establece que son “sujetas a expropiación” las fracciones, parcelas o sectores “que coincidan con la traza de las obras”.

Más allá de esto, el reclamo de Ponte tendría que ver con el incumplimiento de mecanismos e instancias contemplados por la propia normativa; más concretamente, previstos en los artículos segundo y tercero.

«Autorízase al Departamento Ejecutivo a celebrar con los titulares de dominios de las fracciones y/o parcelas afectadas [...], los convenios de cesión que sea menester y todos los actos de carácter administrativo y/o legal necesarios, a los efectos de consolidar la traza de la calle Guardias Nacionales», establece el Artículo 2º.

Y el tercero: «Autorízase al Departamento Ejecutivo a efectuar las erogaciones que correspondan a los efectos de compensar a los titulares de dominio afectados según lo establecido en el artículo primero de la presente ordenanza».

En el Palacio Municipal tampoco hubo voces que dieran la interpretación oficial de la situación y, sobre todo, que indicaran si se realizaron -o se realizarán- el convenio de cesión, los actos de carácter administrativo y/o legal, o la compensación que están previstos en el texto de la ordenanza redactada por el propio Departamento Ejecutivo Municipal. Recién por la tarde emitieron un comunicado en el que se refieren a este tema (ver nota aparte en esta misma página).

Más allá de esto, EL NORTE pudo saber que funcionarios del área de Asesoría Legal de la Municipalidad ya se acercaron al Ministerio Público Fiscal de calle Colón para tomar vista de la presentación hecha por el Sr. Ponte.

La postura

oficial del 

Municipio

La Municipalidad de San Nicolás emitió ayer un comunicado en el que se refiere al tema de las obras que se llevan a cabo en la barranca cercana al Santuario de la Virgen. El mismo expresa lo siguiente: “La Municipalidad de San Nicolás continúa con las tareas de recuperación del espacio público en inmediaciones del Santuario. El secretario de Obras Públicas ratificó que la obra se hace en consenso con los vecinos y no tiene freno.

El Ing. Marcelo Lencina indicó que en el marco del trabajo de urbanización y recuperación del espacio público aledaño al Santuario, ya se culminó con el desmalezamiento del sector del monte y el saneamiento de los basurales que se habían formado. Los vecinos agradecieron a la Municipalidad por el trabajo realizado.

En la continuidad de la obra, el Ing. Lencina afirmó que se está ejecutando la apertura de calle Guardia Nacional, para unirla con calle Bustamante. Esta tarea forma parte del proyecto de recuperación de la zona ribereña para que sea de uso de todos los nicoleños y visitantes de la ciudad.

Estos trabajos se vieron demorados por la intervención de un grupo de personas que aducen ser propietarios de los terrenos lindantes y pretendían que los trabajos no se ejecuten. La Municipalidad está realizando las averiguaciones correspondientes para dar con los dueños del sector en cuestión, ya que poseen una deuda que asciende a los 600 mil pesos de Tasas Municipales que debe ser pagada para reinvertir ese dinero nuevamente en Obra Pública, como se viene haciendo hasta el momento.

Al respecto, el Ing. Lencina ratificó que la obra de urbanización se realiza con el consenso de los vecinos que viven en la zona, respetando la normativa vigente, y no se va a detener hasta ser culminada de acuerdo al proyecto desarrollado por el Instituto de Planeamiento Urbano (IPU) y en completo acuerdo con la Ley.