La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Mireya Díaz (PJ), por el cual se suspende por un año todo trámite de ejecución de sentencias que recaigan sobre las deudas hipotecarias.

El objetivo es la regularización de la situación de deudores hipotecarios inscriptos en el Registro elaborado por el Poder Ejecutivo, el Movimiento de Defensa de la Vivienda Familiar y la Comisión de Seguimiento de Deudores Hipotecarios creada por Decreto 689/05.

En él se incluyen a los deudores de los Ex Bancos de Mendoza y de Previsión Social cuyos mutuos se hallen en poder de Seguro de Depósito S.A. (SEDESA), y a todos los deudores del sistema Financiero y/o privados, que se encuentren comprendidos en el mismo.

Si el Senado le da la aprobación final, los beneficiarios de esta ley deberán cumplir como requisitos que la deuda original no exceda los cien mil pesos; haber hecho pago efectivo de al menos un año de su deuda, y no poseer otra vivienda a su nombre.

Para establecer los saldos adeudados, el Instituto Provincial de la Viviend hará efectivo el recálculo de las deudas hipotecarias por aplicación de la Ley 7684, en el plazo de 120 días, tomando como base los datos obrantes en el Registro.

En la misma iniciativa, se autoriza al Poder Ejecutivo a gestionar ante el Banco de la Nación Argentina u otra entidad bancaria un convenio para que la misma proceda a la recuperación de los mutuos alcanzados por esta ley, previa quita, que expresamente debe autorizarle a negociar y a seleccionar la herramienta financiera más apta.

Entre ellas se encuentra la creación de un fideicomiso, la integración a uno ya existente u otra que “resulte eficaz”.

Obtenido el monto de las deudas unitarias, y cumplida la recuperación, deberá comunicarse la misma a los deudores y/o sus representantes en forma fehaciente. Estos contarán con cinco días desde la notificación para hacer uso de dos opciones: cancelar el total de la deuda en el plazo de treinta días a partir de haber hecho la opción en tal sentido y constituir un nuevo mutuo.

Quienes no hicieran uso de la opción en el plazo establecido serán eliminados del Registro, medida que implicará la inmediata cesación de los beneficios establecidos por esta normativa.

Finalmente se dispone que el Poder Ejecutivo deberá subsidiar hasta en cuatro puntos porcentuales anuales las tasas de los nuevos mutuos que celebren los deudores cuyos titulares se hallen discapacitados o incapacitados para trabajar, o bien en el caso que el titular y los miembros del grupo cohabitante hayan superado la edad jubilatoria y no perciban ingreso alguno ni se hallen incluidos en planes sociales asistenciales.

La autora del proyecto señaló al respecto que se trata de un acto de “justicia social”, ponderando el trabajo de MODEVIFA a quien describió como “una organización que ha permitido la contención, después de todos estos años, de las familias aquejadas por la posibilidad de que les rematen sus viviendas”.

Mireya Días, dijo además que de los 28 mil afectados que había inicialmente restan solamente 1300 familias en el Registro, a quienes hay que brindarles una respuesta.

Por su parte, el presidente del bloque de la UCR, Alejandro Molero, puntualizó que hay que trabajar para “dar una solución definitiva” a esta problemática y así, “darle a las familias afectadas una cuota de tranquilidad”.

En igual sentido, el diputado Ricardo Puga (PIM), indicó que “esta ley le va a llevar tranquilidad a estas familias”, mientras que Néstor Piedrahita (ARI), hizo referencia a esta deuda histórica que hoy se ve amenguada con la posibilidad de “frenar los remates”.