Comenzaron a surgir novedades en la investigación que realiza la Justicia Federal con asiento en nuestra provincia por un presunto millonario fraude contra el Estado nacional, en el que están involucrados varios tucumanos.

Fuentes cercanas a la causa informaron a EL SIGLO que, por orden judiciál, ayer se concretó un allanamiento en el domicilio de uno de los principales sospechosos y que habría vinculaciones con importantes empresas del medio.

Tal como informó oportunamente nuestro diario, con la presentación de documentación falsa de empresas inexistentes o ya desaparecidas y los servicios de prestanombres, como instrumentos para la obtención de créditos fiscales, se habría consumado un fraude por más de 30 millones de pesos en perjuicio del erario federal. En el marco de la investigación penal del caso, que está siendo tramitado en el Juzgado Federal Número II de Tucumán, a cargo de Mario Racedo, ya se concretó la detención de una mujer y se dictaron numerosas citaciones a otros imputados para que presten declaración indagatoria.

La denuncia original fue presentada por la jefa interina de la Sección Penal Tributaria de la AFIP-DGI, María Marcela Ruíz, quien advirtió sobre la existencia de "una compleja maniobra desplegada ante la Dirección Nacional de Industria, a través del cual, con ardid o engaño, se obtuvo un beneficio fiscal, con la emisión de bonos de crédito fiscal".

Una vez obtenidos ilegalmente, los bonos fiscales eran negociados con terceros, en este caso con empresas de corredores de bolsa, que a su vez vendían los títulos a otras firmas que los adquirían para la cancelación de impuestos nacionales.

Según la denunciante, para concretar la maniobra se apeló a "la utilización de prestanombres (algunos sin capacidad económica para prestar los servicios declarados) que no revestían calidad de contribuyentes ante la AFIP-DGI o empresas ya desaparecidas". También, según la demanda inicial, se constató la presentación de facturas truchas de firmas reales, la mayoría de Tucumán, algunas de conocida trayectoria en nuestro medio.

Por el hecho, el juez Racedo ordenó, hasta ahora, la detención de Andrea Martha Jiménez, quien aparece como presunta responsable de 11 operaciones irregulares con distintas empresas y particulares, cuyos nombres y razones sociales se mantienen bajo absoluta reserva.

Sin embargo, en base a las declaraciones de otros involucrados en la causa, la Justicia estima que la mujer detenida sería simplemente una empleada de los verdaderos cerebros de la maniobra fraudulenta. Justamente, el allanamiento concretado ayer se efectuó en la casa de quien sería uno de los principales responsables.