Después de una intensa sesión de casi veinte horas, el Senado mexicano aprobó ayer la resistida reforma energética propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que busca terminar con 75 años de monopolio estatal en el sector de hidrocarburos y abre la compañía petrolera Pemex, la “vaca sagrada” del país, a la industria privada.

Este cambio histórico fue considerado un sacrilegio por los sectores de izquierda, y un avance por el oficialismo, que de esta manera intenta impulsar la economía mexicana en el marco de la crisis mundial. Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Diputados, que comenzará a analizarlo en las próximas horas, con la intención de que el trámite legislativo se complete el domingo a más tardar.

La reforma, acordada por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el conservador Partido Acción Nacional, (PAN) recibió 95 votos a favor y 28 en contra de los izquierdistas Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido del Trabajo (PT).

La iniciativa contempla abrir al capital privado –tanto nacional como extranjero– actividades que hasta ahora han sido potestad de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), como la exploración y extracción de crudo. Los contratos previstos son de utilidad compartida, pero no de producción.

Desde que en 1938 el presidente Lázaro Cárdenas decretó la nacionalización del petróleo, Pemex se convirtió en un símbolo de soberanía para los mexicanos. Pero en los últimos años la compañía viene sufriendo serios inconvenientes a raíz de la falta de inversiones adecuadas. Enfrenta una drástica caída de su producción de crudo: pasó de 3,4 millones de barriles diarios en 2004 a 2,5 millones en el tercer trimestre de 2013.

Según cálculos de la propia Pemex, se necesita una inversión promedio de 60.000 millones de dólares anuales en los próximos 10 años para desarrollar su potencial de exploración y producción de crudo. La petrolera también requiere otros 40.000 millones de dólares para ampliar su capacidad de refinado, muy restringida ahora y que obliga al país a importar casi la mitad del combustible que se consume.

El oficialismo aclaró que Pemex seguirá explotando los yacimientos más rentables, y que se ofrecerán a la iniciativa privada los que se sitúan en aguas ultraprofundas o la explotación de crudo o gas “shale”.

Otro de los puntos polémicos que incluye el proyecto es la eliminación de la representación del sindicato de PEMEX –cuya dirigencia ha sido acusada de corrupción y de financiar campañas presidenciales– del Consejo de Administración de la empresa estatal.

Las fuertes discusiones legislativas se realizaron en medio de un enorme operativo policial destinado a contener las protestas de simpatizantes de la izquierda, que mantuvieron una gruesa manifestación en las puertas del Congreso. “¡No vendan el petróleo, no es sólo de ustedes, es de 118 millones de mexicanos!”, se podía leer en las pancartas. Durante toda la sesión los manifestantes entonaron cánticos antigubernamentales y golpearon incesantemente las vallas metálicas que rodeaban el recinto.

El presidente Peña Nieto calificó de “trascendental” la reforma, y buscó captar voluntades utilizando el argumento de que convertirá a México en “ un referente energético a nivel mundial ”. “Aprovecharemos mejor nuestros bastos recursos energéticos, que antes eran técnica y económicamente inviables de explotar. Nuestro desarrollo tendrá un gran impulso. Se generarán cientos de miles de empleos de alto nivel”, aseguró.

Para los especialistas era un cambio necesario, pero la sociedad mexicana aún duda sobre la necesidad de despojarse de su mayor símbolo de soberanía.