Como era esperable, el Honorable Concejo Deliberante de Quilmes, aprobó la prorroga de la Emergencia Ambiental solicitada por el Ejecutivo comunal lo que permitirá contratar de forma directa una vez a la empresa Covelia para que cumpla con el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos. En la misma sesión, el legislativo también dio su apoyo a otros dos proyectos. El primero que habilita al ejecutivo a ceder un terreno a la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos y el segundo que declara de interés municipal el 150º aniversario de la Escuela Nº1. Fue una sesión extraordinaria sumamente discutida, de largos discursos que fundamentaron posiciones disímiles. El oficialismo en el cuerpo consiguió imponer nuevamente su mayoría para logar votar favorablemente el proyecto de ordenanza enviado por el ejecutivo, luego de casi dos horas de argumentación. Con la presencia de 13 ediles -todo el bloque oficialista y sus aliados-, la sesión comenzó apenas pasadas las 13. Una vez iniciada, la oposición ocupó sus bancas y pidió pasar a un cuarto intermedio para luego dar tratamiento. En ese momento el edil Mario Sahagún pidió incluir en ese tiempo, una revisión y dictamente por parte de la Asesoría Letrada del cuerpo sobre la ordenanza que se iba a votar. Sin embargo esta medida no fue acompañada, lo que enfureció a la oposición. Según los concejales del FAP, la UCR, la Coalición Cívica y el Frente Kirchnerista Quilmeño, lo tratado ayer en la extraordinaria carece de toda legalidad y es por esto este grupo de ediles decidió hacer una presentación el juzgado en lo Contencioso Administrativo y luego una denuncia penal denunciando a sus pares por mal desempeño de funcionario público. Sahagún explicó durante la sesión: "la invocación del artículo 52 de la Ley Orgánica que hace el Ejecutivo en la ordenanza, apunta a la exclusiva responsabilidad que le cabrá al Concejo Deliberante en las consecuencias legales de la ordenanza a votar. Aquí no hay solidarios responsables, aquí hay exclusivos responsables". La oposición tomó una posición muy crítica de la situación. El concejal Fernando Pérez de la UCR consideró el proyecto que se aprobó como "una barbaridad jurídica" y agregó que "lo más triste es que los concejales que acompañan esta medida saben que es ilegal y no les importa. Se sienten inimputables". La defensa oficial llegó por parte de la edil Edith Llanos quien agradeció la preocupación de sus compañeros de bancas por su bienestar jurídico, pero aseguró que su voto fue "con convicción" porque la ley les da "las herramientas para hacerlo". Aunque destacó que preferiría "que las cosas hubiesen sido distintas". El que sorprendió con su posición fue el concejal José Casazza, quien tuvo fuertes comentarios contra el secretario de Medio Ambiente, Claudio Olivares, a quien acusó de "no hacer nada" y culpó por la necesidad de votar una nueva emergencia: "el Ejecutivo a través del Secretario del área tienen la culpa que tengamos que votar esto. Luego de lo escuchado aquí yo tengo dudas, porque el Secretario nunca ha explicado nada. Lo tratan de inútil y encima tenemos que defenderlo". Sin embargo Casazza fue uno de los votos positivos del proyecto y explicó su voto afirmativo porque entiende que "se levante la basura de los vecinos es mucho más importante que lo que se discutió".