En la cuenta regresiva para las elecciones del 5 de julio, el oficialismo en la Legislatura aprobaría el próximo miércoles la modificación al Código Electoral Provincial (Ley 9571) en relación a los aportes públicos y privados que pueden recibir las fuerzas políticas para la campaña. Los cambios entrarán en vigencia de forma inmediata, ya que el cronograma electoral para los comicios provinciales está en marcha. El tema es también de suma importancia para los cientos de municipios y comunas que no tienen Carta Orgánica propia y que se rigen por la Ley Electoral provincial.

En la cuestión del financiamiento de las campañas no hay acuerdo entre Unión por Córdoba y la oposición, aunque sí se encontró consenso en tópicos menos conflictivos como la modificación del diseño de la Boleta Única de Sufragio (para evitar equívocos), la posibilidad de que candidatos a intendentes lo sean también a primer concejal, el documento para votar, el uso de mesas mixtas de electores, y el padrón con troquel. 

El delasotismo también quiere reformar parte del Libro 2º de la Ley 9571, denominado Financiamiento de las Campañas Electorales, con el objetivo de ampliar los montos que los partidos pueden percibir del sector privado. La ley actual establece que los gastos de proselitismo se costean con fondos privados y públicos. El artículo 188 de la ley crea un Fondo Permanente para el Financiamiento de Campañas Electorales, que está integrado por “recursos que anualmente destine la Ley de Presupuesto General de la Administración Pública”. La afectación de este fondo no puede ser inferior al dos por mil del Salario Mínimo, Vital y Móvil por elector habilitado a votar en la última elección. Este fondo, que según la legisladora Liliana Montero, del Frente Cívico, debería rondar los 60 millones de pesos (sólo 23 millones corresponderían del 2015), pero no fue creado. En las últimas reuniones de la Comisión Electoral Legislativa, UPC ofreció integrarlo con 15 millones, lo que no fue aceptado por la oposición. En ese escenario de escasez de financiamiento público es que el delasotismo pretende ampliar el ingreso de fondos privados para que los partidos costeen sus campañas, algo que  favorece a los partidos y alianzas con más chances de llegar al poder. En ese sentido, el Frente Cívico rechaza en forma tajante esta modificación, mientras que la UCR se muestra más permeable. También se modificaría el tema de la auditoría de avisos de campaña, que según la ley corresponde a la Justicia Electoral.