El letrado aseguró que “autorizar a una planta a fabricar alcohol sin haber cumplido con los estándares de calidad suficiente para el manejo de los efluentes es una cosa que está fuera de la legalidad”.

Sarrulle indicó que “los funcionarios públicos que tienen la obligación de controlar el cumplimiento de las leyes que protegen el ambiente, que son leyes que tienen arraigo en la Constitución Nacional, no pueden autorizar el funcionamiento de plantas que no tengan cómo tratar el efluente porque al hacerlo, lo único que logran es que esa planta traslade el costo industrial a terceros ajenos al proceso industrial, esto es así de simple, no hay mayores historias, es tomar el costo del tratamiento de los efluentes”.

El abogado indicó que “siendo el medio ambiente una cuestión que tiende a proteger los derechos de los seres humanos, no puede esperarse la concreción del daño, para luego hacer reclamos que después no terminan nunca, sino lo que hay que hacer es evitar que se produzca y no dejar que se genere el daño para empezar con discusiones que nunca se terminan de cómo se repara el daño causado, sino que los funcionarios deben evitar el daño”.

En ese sentido, ejemplificó que “de la misma manera que la policía cuando protege la seguridad pública evita que a los ciudadanos le roben en la calle o los maten, de la misma manera, el funcionario público debe evitar la consumación del delito de contaminación, que es un delito particularmente grave que afecta a la salud pública, que es uno de los bienes de vida”.

Finalmente criticó a las multas a ingenios, al sostener que “es más barato que arrojar la vinaza sin tratamiento, porque pagarla es una manera baratísima de manejar el costo industrial, causando daños a terceros”.