La propia presentación del proyecto de autarquía financiera para el Poder Judicial incluyó un gesto destinado a calmar a la Corte. El gobernador Paco Pérez aseguró en el anuncio que "el texto va a ser modificado" en la Legislatura y después habló específicamente del punto que más preocupa a los jueces: "El porcentaje de recursos destinado a la Justicia es sólo una base de discusión, no es taxativo", afirmó.

De esta manera Pérez admitió que el oficialismo aceptará elevar el 7,9 por ciento de los recursos provinciales que ha asignado a la Justicia en el esquema de autarquía financiera, que obligará a los jueces a asumir todos los costos salariales y el funcionamiento de los tribunales.

La Corte ya hizo su análisis y considera que el 7,9 por ciento será insuficiente para aceptar el manejo judicial y mejorar el servicio. También fijó una estrategia: peleará por recibir una mejora cuando lo convoquen a las comisiones de la Legislatura.

Quien estará a cargo de la maniobra será el coordinador general de la Corte, el ex legislador radical Raúl Vicchi, quien de entrada avisó que pedirá ligar las fondos de la Justicia a cada presupuesto anual, no a los impuestos y recursos federales de la provincia. Ese cambio, aunque no se modifiquen los porcentajes, de entrada aseguraría más recursos para la Corte.

Vicchi fue el único referente judicial en un acto al que, en un fuerte gesto simbólico, no asistió el presidente de la Corte, Pedro Llorente, ni ninguno de sus ministros. El gesto confirmó que los jueces no ven con buenos ojos que el Ejecutivo tire sobre sus cabezas la responsabilidad de resolver los salarios del Poder Judicial.

Sin embargo, también es cierto que los magistrados no están en condiciones de resistirse demasiado: los que sí estuvieron presentes en el acto fueron los legisladores radicales, quienes promueven la autarquía financiera de la Justicia desde hace años y la harán realidad, junto al oficialismo, a la hora de la votación.

Pompa. El acto que Pérez armó en el salón de actos del cuarto piso de la Casa de Gobierno fue pomposo. El oficialismo en pleno, incluídos los díscolos legisladores de La Cámpora, estuvieron en la presentación oficial. Pérez también consiguió sentar a la mesa de los anuncios a los referentes legislativos de la UCR y el PD.

El gobernador firmó el proyecto y se abrazó con el vicegobernador Carlos Ciurca al anunciar el envío a la Legislatura: es inusual tanto protocolo para este trámite.

Pero el Gobierno quiso dejar en claro que el de la autarquía no es un proyecto cualquiera. Pérez afirmó que "el único poder sin independencia financiera es el Judicial" y resaltó que la iniciativa "tiene inclusive el consenso del Poder Judicial".

También afirmó que la decisión de desentenderse del manejo financiero de la Justicia "no es una decisión salarial, es para garantizar el acceso a la Justicia de todos los mendocinos y mendocinas".

"El Poder Judicial necesita esta herramienta", agregó.

Defensa de las cifras. Al vicegobernador Ciurca, en tanto, le tocó la defensa de las cifras que fijó el Poder Ejecutivo en el proyecto de autarquía.

Ciurca aseguró que los cálculos conceden más fondos a la Corte en el esquema de autarquía que por presupuesto: de 752 millones de pesos asignados por el Ejecutivo en 2012, la Justicia pasaría a recibir 915 millones este año, si la ley ya estuviera sancionada.

El proyecto oficial tiene sólo 9 artículos, a pesar de que le saca un problema enorme de encima al Gobierno. Consigna entre otras cosas que la Justicia "gozará de las más amplias facultades de administración de los bienes propios y de los recursos asignados" y que los fondos se los girará el Ministerio de Hacienda todos los meses.

Sobre los recursos específicos, la letra señala que la Justicia deberá nutrirse de aquí en más con el 7,9 por ciento de los recursos de los impuestos de Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Coparticipación Federal. A estos fondos se sumarán las tasas y aranceles propios.

Aunque sobre los montos para la Justicia, claro está, queda mucho por discutirse en la Legislatura.