El jueves de la semana pasada se implementó una nueva modalidad de la Secretaría de Transporte de la Nación para que se subsidie el gasoil que utilizan las empresas de transporte público de pasajeros. Ahora se les enviará dinero en efectivo para que paguen la diferencia de tarifa y no por medio de cupos, como se hacía anteriormente. Esto despertó malestar entre los empresarios, ya que critican que existe una "pesadez" en el sistema para acceder al combustible por los diferentes conflictos, como el de Santa Cruz.

Sergio Pensalfine, titular de la Asociación Unida de Transportes del Automotor de Mendoza (AUTAM), explicó que por una situación que excedía a los propietarios tuvieron que salir de emergencia a tratar de resolver la falta de subsidio para el sistema del transporte público de todo el país "por un problema ajeno".

El precio del gasoil que utilizaban era subsidiado y provenía de un acuerdo entre el Gobierno nacional y las petroleras. Estas vendían un determinado cupo del combustible a un precio preferencial y la diferencia que no pagaba el transportista, la petrolera se la cobraba a la Nación por medio de un certificado de exportación. Pero, cuando las petroleras dejaron de vender sus productos fuera, el sistema se cayó y no había una solución para los transportistas.

"La Secretaría de Transporte de la Nación nos compensa la diferencia y así se logró evitar el impacto de la falta de entendimiento entre las petroleras y el Gobierno", explicó Pensalfine. Pero señaló que hay una "pesadez" en el mercado, producto, entre otras cosas, del conflicto en Santa Cruz.

El sistema que tienen para adquirir el producto se hace por medio de internet, se paga previamente el pedido y a las 48 horas de haber concretado el pago, el camión cisterna lleva el combustible a cada una de las empresas. "Últimamente no hemos tenido problemas de abastecimiento como tienen los usuarios particulares pero vemos que, a veces, encargamos 30 mil litros y llegan sólo 18 mil. Luego se reprograma la diferencia y al otro día se envía lo que faltó", contó el titular de AUTAM.

Oscar Razquin, miembro de AUTAM, informó que los fondos significaron un alivio para las empresas, pero ese remplazo es "bastante engorroso" porque están pendientes de tantos subsidios. "Queremos que vuelva el otro sistema, es decir, que se compre directamente a la petrolera a un precio diferencial (cupo)", contó Razquin.

Pensalfine también es vicepresidente de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), por lo que su visión abarca a otras provincias. "Las provincias representativas han tenido todos los meses conflictos diferentes. En Mendoza no hemos tenido conflictos profundos, generalmente son porque no giran los fondos desde la Nación", expresó Pensalfine y señaló que hay un nivel de competitividad muy alto porque se depende mucho del Gobierno para sostener una actividad de servicio. "A veces cuesta mucho administrar estos vaivenes o las demoras de la transferencia de fondos. El conflicto está a la vuelta de la esquina", contó el vice de FATAP.

Además, sostuvo que hasta ahora vienen sorteando todas las complicaciones que se les han presentado y que en momentos ha peligrado la prestación del servicio. Pero aclaró que la mayoría de las compensaciones que vienen son para financiar los salarios de los empleados y que si no llegan a tiempo, no pueden cumplir en el pago. Sin embargo, explicó que a la vez es una paradoja ya que sirve de coseguro porque "a ningún Gobierno le gusta que exista un conflicto".

"El mecanismo está llegando a un punto donde los volúmenes son muy grandes y la política de precios se tiene que adecuar a la realidad. Todo el país está sometido a un subsidio y el error en este tipo de tema es creer que no existiría un problema", culminó Pensalfine.

Razquin dijo que desde la FATAP se propone la vuelta al sistema anterior, que, según ellos, es más práctico, y que sea por medio de una ley y no que el Gobierno se siente todos los años a negociar. "Las petroleras apretaban al Gobierno y año tras año fueron achicando el cupo hasta su total eliminación. La ley sería para todas las empresas de transporte del país", señaló Razquin.