Oscar, padre de Sebastián Prado –el médico asesinado hace nueve días–, reclamó con angustia por el futuro de su nuera y de sus dos nietos.

“Quiero que el gobernador se haga cargo, que le dé un trabajo a Carla”, reclamó por los medios de prensa, con desesperación.

El planteo no hubiera sido necesario si el Estado provincial estuviese al día con el cumplimiento de la Ley 7841, que fue sancionada en febrero de 2008 y que estableció, entre otros ítems, que en Mendoza las víctimas del delito (o sus familiares directos) deberán estar cubiertas a nivel oficial tanto desde el punto de vista de su salud como a nivel económico. Todo esto a través de un Sistema de Asistencias Públicas en beneficio de las Víctimas Directas e Indirectas de los Delitos Violentos (SAVIC).

La ley fue sancionada hace 5 años y reglamentada recién en 2012, tras una larga discusión acerca de qué organismo oficial debía ser la autoridad de aplicación: si el Ministerio de Gobierno o el de Seguridad. La Legislatura aprobó el año pasado una modificación para que sea este último el que se haga cargo, pero después sobrevino otro problema.

Diario UNO ya alertó a principios de este año que el SAVIC no había sido contemplado en el Presupuesto 2013, más allá del compromiso de que se lo fondearía con 5.000.000.

Las autoridades de Seguridad prometieron una reasignación de partidas, que tampoco se cumplió hasta el momento.

Pérez irá mañana a la Corte

Ante un nuevo recrudecimiento de la inseguridad en Mendoza, Francisco Pérez anunció a mediados de semana que mañana se reunirá con los miembros de la Suprema Corte de Justicia para acordar nuevas medidas para combatir el delito y acelerar las investigaciones.

El encuentro se hará a las 10 y, se supo, fue el gobernador en persona quien supervisó el listado de temas que serán llevados al encuentro de mañana, como respuesta a la crisis que se desató tras el asesinato del traumatólogo. En la mesa de discusión estará el proyecto de ley que ya fue anunciado al ritmo de las protestas por el asesinato de Prado y que contempla una reorganización de la Justicia penal y la propuesta de transformar los actuales juzgados Correccionales, que entienden en delitos más leves, en juzgados de Garantías y Correccionales, por un lado, y en juzgados de Flagrancia, por el otro.

El gobernador cruzó el lunes, horas antes de una multitudinaria marcha en reclamo de más seguridad y justicia, el trayecto que separa la Casa de Gobierno y Tribunales para entrevistarse con el procurador general, Rodolfo González, como forma también de exponer a los jueces y fiscales ante la sociedad que reclama soluciones. Hace poco más de un año y en una situación de crisis muy similar (tras los asesinatos de Matías Quiroga, Micaela Molina y Emanuel Páez), Pérez había tenido una actitud similar: se reunió con González para proponer una serie de medidas, que luego no fueron adoptadas.

Hace un año y medio se habló de adoptar algunas soluciones para combatir el delito que nunca se llevaron a la práctica y que seguramente volverán a estar sobre el tapete mañana.

En 2012, en aquella cumbre con González, Paco reflotó la idea de la Policía Judicial, para la cual, se dijo en aquel momento, se iba a asignar presupuesto oficial y se iban a crear “los cargos que hagan falta”. Este cuerpo especial de civiles abocados a la investigación y bajo el ala del procurador, y no del gobernador, espera su formación desde hace más de una década.