Un grupo de matarifes se reunió con Lucio Paz Posse, secretario de Asuntos Agrarios de la Provincia, para tratar de buscar una solución al incremento del 300% que sufrió la tasa de inspección veterinaria, a partir de febrero de este año y que -en el análisis de especialistas- carecería de sustento legal, por cuanto una resolución no puede modificar una ley. De acuerdo a la normativa y al tratarse de la unidad tributaria, que fija los impuestos de la provincia, el que estaría facultado sería el ministro, pero como establece la propia ley, puede llegar a aplicar hasta un 30% de aumento, pero no un 300%. El eje de la polémica nació a partir de la resolución de la Dirección General de Rentas, que dispone una suba de $2 a $8 en dicho tributo, afectando a las plantas habilitadas para las tareas de faena vacuna y porcina, que de acuerdo a datos suministrados movilizan alrededor de 400 animales semanales. La medida impacta en la cadena de comercialización y se hará sentir en el costo final del precio de la carne, de acuerdo al tenor del reclamo, además, desalienta a la producción ganadera local, por cuanto será más ventajoso traer hacienda faenada desde el sur.

Cabe destacar que por ley, la provincia es la responsable del control de la faena y no dejar a cargo de quienes faenan, que se controlen ellos mismo, que es lo que está sucediendo actualmente.

Reunión para acercar posiciones

Durante la reunión, cerca de 35 usuarios, que realizan sus actividades comerciales en el Valle de Lerma y proveen además a carnicerías de Cafayate, Cachi y otras localidades de los Valles, expusieron sus argumentos y manifestaron su inquietud por la fuerte suba que determina la resolución Nº 18/2009 de Rentas de la provincia. Posteriormente, consideraron que la medida terminará afectando a la producción y por ende a la comercialización a través de sus diferentes bocas de expendio.

Los usuarios también observan la discriminación arancelaria que existe entre una planta provincial y otra habilitada por el Senasa, que tiene tránsito federal. La tasa de inspección veterinaria que aplica este organismo es de $2,25 por animal, en tanto la nueva tasa provincial es de $8 por faena. Otro agravante que también puntualizaron consiste en que por la ley 7361 se había fijado que la inspección veterinaria estaba a cargo de la provincia bajo un arancel de $2 por animal. Ahora se subió a $8 y el costo de inspección veterinaria lo realiza la planta frigorífica de faena. "Esto afecta al consumidor que paga un incremento en el precio de la carne y también repercute en el productor primario en un menor precio del animal para faena", sostuvo Sergio Sánchez, uno de los afectados.

"Pagar 8 pesos por animal faenado, en comparación con los 2,25 por animal que cobra el Senasa, es desproporcional. A partir de allí la intención de estimular la producción local está muy lejos de cumplirse, por el contrario, desalienta a los que trabajan en esta actividad y la que sentirá el impacto es la gente", enfatizó.

Más adelante, expresó "Si faenamos 80 animales debemos pagar $640 más $160 de la tasa de veterinaria, que curiosamente la debemos abonar nosotros y el frigorífico. Además ese trabajo estaba a cargo de la provincia, pero hoy no se cumple", destacó Sergio Sánchez.

Agregó también: "Participamos en estas reuniones porque son positivas, siempre y cuando se busque una solución. Nos dicen que existe un proyecto de ley que debe ser enviado a la legislatura para su aprobación. Esperaremos que se trabaje en ese sentido y que se establezca un nuevo cuadro".