El Gobierno provincial ya anunció que no cederá a las presiones de los usurpadores de las tierras ubicadas al final del barrio San Remo. Si bien se pidió el desalojo de las más de 1.300 familias que allí se asentaron, ahora se decidió modificar la metodología de distribución de lotes a través de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat.

Con un previo “mea culpa” por las falencias con las que se repartían terrenos, el ministro de Economía, Carlos Parodi, anunció que el Ejecutivo solo entregará lotes por sorteo, asignando un cupo para discapacidad.

“La política de distribución de lotes cambia a partir de este momento. Históricamente las entregas se hacían en base a la subjetividad de un funcionario. Todos los lotes que se entreguen van a ser estrictamente por sorteo con dos tipos de cupos: uno por antiguos -inscriptos- y otro por discapacidad”, sostuvo Carlos Paro di.

A raíz de la decisión nueva, el Ejecutivo anunció los dos primeros sorteos, que serán públicos y televisados. Uno se realizará el 31 de marzo de este año y son 500 los lotes que se distribuirán entre los beneficiarios. Mientras que el otro, será en octubre. Sin embargo se desconoce en que desarrollo urbano es que se entregarán los lotes.

Decreto a medias

Conforme lo indica el decreto de Emergencia Habitacional 4.414, que data de 2008, aquellos que usurpan terrenos no tienen derechos para solicitar luego un lote fiscal. Sin embargo, el Gobierno no lo aplicará para el caso de la usurpación en el predio de 39,6 hectáreas en San Remo, tomado por más de 1.000 familias. Los motivos por los que no implementará la medida legal vigente, es que no identificó a través de un censó a los usurpadores con el fin de que desalojen voluntariamente el lugar y puedan anotarse para los sorteos. Con ello, queda manifiesta que el decreto se aplica en algunos casos. En otros no.

Para que los terrenos de la zona sudeste sean sorteados, anunciaron que tienen que invertir 21 millones de pesos para la apertura de calles, colocación de luz, agua y cloacas. En otra oportunidad, el Ejecutivo ya había prometido dicha inversión, incluso, hay ocupantes que cuenta con el acta de preadjudicación de lotes que nunca recibieron, allí, en San Remo.

Enojo

Parodi y el coordinador de Tierra y Hábitat, Sergio Usandivaras, sostuvieron que tienen pruebas que demuestran la venta de terrenos a los usurpadores por parte de los mismos delegados de estos en el predio tomado de San Remo. Manifestaron que pusieron a disposición de la Justicia una grabación en la que se comprueba tal delito.

Anuncios para Procrear

Otro de los anuncios que el Gobierno realizó ayer en la conferencia de prensa que brindó a los medios, nace de la queja de beneficiarios del Programa Crédito Argentino para la Vivienda Unica y Familiar (Procrear), por la escasez de terrenos para construir y los elevados precios como consecuencia de eso. Por este motivo es que no pueden avanzar con la carpeta crediticia y temen perder el crédito. La respuesta que el Ejecutivo les dio, y que los beneficiarios miran de reojo, fue la creación de una Unidad Coordinadora de Procrear, que servirá de nexo entre la Anses, el Banco Hipotecario y el Ejecutivo. Atenderá los problemas que surjan entre los beneficiarios. Estará a cargo de Rubén Fortuny.

Usurpadores bloquearon el acceso a zona sur

�El principal acceso vial del sur de la ciudad fue un caos en la mañana de ayer. A las 9.30 la rotonda de Limache fue invadida por parte de los asentados en los terrenos entre los barrios San Remo y parque La Vega.

Por lo menos 100 personas obstruyeron el ingreso al nudo vial, desde el sur por avenida Excombatientes de Malvinas y desde el centro por la Paraguay. El corte se extendió hasta las 11.30.

“Nosotros sabemos que nos van a sacar por medio de la represión y es por eso que hacemos esto. Para que se sepa”, dijo una de las referentes en la calle.

Mientras tanto, en el predio ocupado la tensión era grande por cuanto los rumores sobre la hora del desalojo generaba incertidumbre.

Al mediodía hubo una reunión de los 14 delegados para buscar definir las posibles medidas de fuerza y exigir que los funcionarios vayan al terreno del conflicto.

Desde que arrancaron las tomas, ningún funcionario con jerarquía se acercó para dialogar con las familias asentadas.