En el escrito, hicieron hincapié que el análisis no sólo debe centrarse en la extracción de sedimentos del fondo marino y la instalación de una planta de GNL, ya que “el proyecto que se está discutiendo incluye la generación de un nuevo polo industrial en el sector interno del estuario y debe ser evaluado en su completa dimensión”.

Asimismo, plantearon una traba desde el punto de vista legal, ya que según lo establece la ordenanza 14.253, la audiencia pública no debió ser convocada por la Municipalidad sino por el Concejo Deliberante.

Remarcaron que según el texto de la norma “la convocatoria podrá ser realizada por el Departamento Ejecutivo cuando la decisión administrativa verse sobre la ejecución o autorización de obras, planes o emprendimientos”; mientras que “cuando se trate de disposiciones relacionadas con actividades, acciones, planes, proyectos y/o emprendimientos cuya ejecución sea susceptible de provocar efectos negativos y significativos para el ambiente, dicha facultad recae sobre el Concejo Deliberante, las personas físicas o jurídicas residentes en el Partido de Bahía Blanca, y las Asociaciones no Gubernamentales”.

Por tal motivo, entendieron que “de permitir que se desarrolle la audiencia pública bajo las circunstancias actuales, se estará avalando que constituya un mero acto administrativo carente de representatividad y se concrete una situación que será irreversible y que dará lugar a acciones legales por parte de los damnificados”.