Audiencia pública ante el peligro por el tránsito urbano

Audiencia pública ante el peligro por el tránsito urbano
El objetivo es pedirle al Departamento Ejecutivo que garantice “el ejercicio del derecho a un ambiente sano y a la circulación en condiciones que aseguren la integridad de las personas".

La situación del tránsito juninense en especial del peligro que encierran los motociclistas que en algunos casos ya han sido protagonistas de actitudes que rayan lo vandálico como la salvaje agresión a un agente de seguridad vial que estaba trabajando en el marco de un operativo en la madrugada del domingo y la agresión a un automovilista cuyo vehículo estaba estacionado en el semáforo de Belgrano y Francia siendo embestido desde atrás por uno de estos motociclistas que adueñan de las calles por las noches, han incrementado la preocupación en este tema”.

Las interminables picadas de la avenida Circunvalación y la pesadilla que les tocó ser protagonistas involuntarios a los vecinos de la avenida San Martín, son otros de los parámetros del descontrol donde principalmente el accionar de algunos de los motociclistas –que quiebran todas las reglas de tránsito inclusive la de la utilización del casco- constituyen la principal preocupación.

Ante esto, los concejales de la oposición han presentado un pedido de audiencia pública para debatir, analizar y elaborar propuestas que tiendan a aportar puntos de solución a la problemática.

Los presidentes de los bloques Frente para la Victoria, Unión PRO y Concertación Plural, solicitaron al presidente del Concejo Deliberante, Patricio Fay –a través de un proyecto de resolución y de acuerdo a lo establecido por la ordenanza 4154/00- a Audiencia Pública, con el objeto de habilitar el espacio institucional para que todos aquellos que se ven afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto a la situación de inseguridad vial que se vive en la ciudad de Junín.

El objetivo de dicha Audiencia Pública quedó plasmado en la redacción del artículo segundo: “La presente iniciativa tiene por objeto requerirle al Departamento Ejecutivo que garantice el ejercicio del derecho a un ambiente sano y a la circulación en condiciones que aseguren la integridad de las personas que transiten por la vía pública”.

El tercer artículo fija que el Departamento Ejecutivo “a través de las áreas pertinentes será el encargado de determinar, coordinar y articular las acciones, programas y estudios necesarios en forma urgente para la confección, actualización y aplicación del Plan Integral de Seguridad Vial, debiendo actuar como autoridad de aplicación de la presente ordenanza”.

Fundamentos

Los ediles de la oposición señalaron que este pedido surge ante “las constantes perturbaciones que sufren los vecinos de diferentes barrios de nuestra ciudad producidas por ruidos molestos, inseguridad vial, situaciones violentas, etc. a raíz de la creciente cantidad de motocicletas en circulación, en el marco de la ausencia de una política pública integral en materia de planeamiento vial, en aras de encontrar una respuesta a esta situación”.

También consideran que “de las declaraciones de los funcionarios municipales de la Agencia Vial, del Área de Seguridad, de Inspección General, están solicitando, amen de no poder menguar esta situación, ayuda para la resolución de la problemática” a la vez que advierten que “el nivel de tolerancia ciudadana puede llegar a colapsar y que se debe evitar el mal mayor en pos de no tener incidentes, y en el caso hasta victimas por lesiones y/o hasta fatales “

Los ediles basan su pedido en el artículo 41 de la Constitución Nacional y el artículo 25 Capítulo II de la Ley Orgánica de Municipalidades y sostienen que “se encuentra dentro de las atribuciones poder realizar la presente resolución a los fines de efectuar una audiencia publica con todos los actores involucrados en la problemática planteada, siendo que corresponde “asistir socialmente” a los vecinos, tratando de brindar “protección” y “seguridad”, restableciendo la paz en la comunidad”.

También sostienen que “el tema debe ser tratado como política pública, depositando las expectativas en la continuidad y articulación de programas, áreas jurisdiccionales y en el logro de objetivos en el mediano y largo plazo. Para ello se necesita el compromiso y la participación de todos”.

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