Asunciones, figuritas y ejecuciones en el Senado

Se aprobó en la Cámara Alta la modificación de artículos del Código de Ejecución, que se adecuará a la normativa nacional. Además, se tomó juramento a la senadora Cristina Di Rado, reemplazante de Gastón Guarracino
La sesión llevada a cabo hoy en la Cámara Alta bonaerense dejó como saldo la asunción de la senadora Di Rado y una serie de modificaciones en el Código de Ejecución bonaerense.

En primer término se tomó juramento a la senadora Cristina Di Rado, que ocupará la banca que dejó vacante en el bloque de Unión-PRO el recientemente fallecido legislador de Necochea, Gastón Guarracino.

A raíz de un proyecto presentado por el Ejecutivo provincial, el Senado bonaerense aprobó hoy modificaciones al Código de Ejecución, que quedará adecuado a la normativa nacional. La medida se da luego de que la Corte Suprema determinara, en 2005, que la legislación bonaerense debía adaptarse a “los estándares fijados por las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas receptadas por la Ley Nacional Nº 24.660”.

De esta manera, queda a consideración de los diputados bonaerense que los ejes fundamentales de la normativa -la extensión, consistencia o modalidad de cumplimiento de la pena; la oralización de las decisiones trascendentes de la etapa de ejecución; la taxatividad legal y el control jurisdiccional efectivo sobre las sanciones disciplinarias a internos así como la caducidad registral de los antecedentes sancionatorios- se adecue a lo allí establecido.

Las modificaciones adoptadas propician la creación de Secretarías de Control en cada Juzgado de Ejecución para el control del cumplimiento de las cargas impuestas en la condena condicional y suspensión del proceso a prueba. Establecen además el carácter “no vinculante” de los informes criminológicos; la revisión semestral obligatoria y en audiencia oral de la continuidad de las medidas de seguridad.

Además, se separa, dentro del Patronato de Liberados, las funciones de asistencia respecto de las facultades de supervisión y control y la afirmación de la garantía del juicio previo para la imposición de medidas de seguridad.

Como dato de color, tomó estado público el malestar de bloques opositores por la aparición en el mercado de un álbum de figuritas, con alto contenido político, de color kirchnerista que violaría “la Convención de los Derechos del Niño y de las normas de Defensa al Consumidor” por sus “ilustraciones de fuerte contenido político”.

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