En representación de la organización, dialogaron con Diario Chaco su presidenta Carmen Soto, y Carlos Sánchez, y describieron como principal objetivo de la misma acompañar a la sociedad en el cumplimiento de sus derechos, y que es la primera de la provincia. Este lunes han criticado la falta de respuestas de los funcionarios. Entre ellos, los que son responsables de la empresa SECHEEP.

Cuando el directorio de esta empresa era conducido por Martínez Leone, señalaron, se pudo concretar un trabajo en conjunto muy bueno, con reuniones entre usuarios del servicio y el propio presidente de la empresa, para el intercambio de problemas y soluciones. Carmen Soto mostró un acuerdo que se realizó con la entidad estatal en el que su organización hacía de nexo entre los ciudadanos y SECHEEP, para colaborar en el cumplimiento de sus derechos.

Pero, relataron, terminada la gestión de Leone, no han retomado esta tarea. No han sido recibidos por autoridades desde entonces. Por nota el 15 de enero solicitaron una audiencia a la empresa, y no han tenido respuesta, y luego, a fines de abril solicitaron una entrevista directamente con el ministro de Infraestructura (de quien depende SECHEEP).

Según expresaron, en el Directorio de este organismo no existe la representación del usuario, y que el servicio terciarizado de entrega de facturas y avisos de cortes no se realiza como corresponde, perjudicando al usuario. Y SECHEEP, como responsable de ese servicio, debe exigir que se cumpla. Se ven "largas colas de gente que va a buscar sus facturas porque no les llega al domicilio", indicaron, explicó. Y "un servicio, aunque sea privado, debe ser garantizado y protegido por el Estado", destacaron.

A todo esto, indicaron, ahora se está hablando de un nuevo aumento para el usuario, y que debe "solidarizarse". Por esto es que, mientras aguardan una respuesta al pedido de reunión, llevarán el pedido de audiencia pública en función a estos aumentos (un 3% de cargo variable, y otro de $ 7.75 de cargo fijo por mantenimiento), además de la intervención del Estado en la prestación del servicio.

Y que atienda fundamentalmente los temas de falta de previsión del servicio, una atención deficiente, el estado del alumbrado público, y la entrega de facturas y avisos de corte. Que al no hacerlo en tiempo, genera una mora en el pago, lo que deriva en un recargo para el usuario.

SOBRE ACUERDO DE PRECIOS

Otro de los puntos a los que ha hecho referencia la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios, es a la forma en la que se controla el acuerdo de control de precios. Indicaron que en algunos supermercados, inclusive a pocas cuadras de Casa de Gobierno, hay góndolas que no exhiben sus precios. Preguntan qué control de precios puede hacerse, si los precios no se muestran, y agregan que la mayor parte de las quejas es del interior provincial. Por este motivo es que han cursado notas tanto a la Subsecretaría de Comercio de la provincia, como a la Municipalidad de Resistencia. Algunas de las localidades desde donde han llegado inquietudes son Sáenz Peña, General San Martín, Villa Ángela y Quitilipi (entre otras)."Que los organismos de control sean los verdaderos controladores", pidieron.

COBRO DE ADICIONAL POR CARGAS VIRTUALES

También han solicitado que se controle el estado del cobro adicional que hacen algunos comercios por realizar una carga de crédito virtual a teléfonos celulares. Y en este caso, empezó con un monto menor, y ahora es hasta un porcentaje del crédito que uno cargue a la línea. También a la Municipalidad de Resistencia, y a la Subsecretaría de Comercio han solicitado intervenir en este caso. Tampoco contestaron.

TAREA PERMANENTE

Luego de detallar los pedidos realizados, ADECU resaltó que continúan realizando tareas de capacitación e información para la ciudadanía, de las que participan docentes, alumnos, jubilados. "Donde nos convocan, estamos", subrayó Carmen Soto, y afirmó que hasta el momento han podido desarrollar un muy buen trabajo junto a la Defensoría del Pueblo.

"El funcionario debe tener vocación de servicio", destacó, y que "hay mucho por hacer, pero las personas deben involucrarse, y participar" por los derechos que por ley les corresponden, y exigir que se los respalden.