La "asignación universal por hijo" fue una medida largamente reclamada y bienvenida por gran parte del arco político. Sin embargo, la inflación empezó a licuar aceleradamente el derecho y en los despachos oficiales ya se estudia aumentar el monto para preservar su poder adquisitivo (ver aparte). Una familia tipo compra hoy con el subsidio a la niñez una porción menor de la canasta básica de alimentos que lo que adquiría con un plan jefe ocho años atrás. Contra la lógica del marketing K, el peso de la asignación por hijo en el Presupuesto nacional es actualmente menos significativo que el que tenía el plan jefes de hogar en 2003, lo cual sugiere que todavía hay espacio para seguir ampliando el programa.

Según Ernesto Kritz, director de la Sociedad de Estudios Laborales (SEL), una familia tipo --matrimonio y dos niños-- cubre hoy con el programa de asignación por hijo solo el 30% de la canasta básica de alimentos, valuada en 963 pesos en marzo. En cambio, en junio de 2002 esa familia con un plan jefe de hogar de 150 pesos compraba el 53,5% de la canasta de alimentos, cuyo costo entonces era de 280 pesos mensuales.

Kritz realiza el cálculo con un valor de la asignación por hijo de 144 pesos mensuales, ya que el resto de los fondos hasta completar 180 pesos se depositan en una cuenta y recién pueden retirarse de manera diferida cuando los padres presentan los certificados de escolaridad de los chicos. Si bien este ha demostrado ser un buen mecanismo para incentivar una mayor escolaridad, en un régimen de alta inflación disminuye sensiblemente el poder adquisitivo del programa.

Pero aún tomando el valor pleno de 180 pesos mensuales, como si fueran cobrados en mano el mismo mes, las conclusiones no difieren demasiado. En ese caso, el plan a la niñez para el matrimonio tipo cubriría hoy el 37% del valor de la canasta alimentaria frente al 53% del plan jefes de hogar en 2002.

Por su puesto, en las familias más numerosas la asignación por hijo cobra relevancia. Para un matrimonio con tres chicos el plan (con $ 144 por menor) compra en la actualidad 41% de la canasta de alimentos. Pero llega al 51,5% si se computan los 180 pesos por hijo . Esa misma familia de cinco integrantes, en junio de 2002, con el plan jefes de hogar adquiría el 49,3% de la cesta de comida.

"El plan jefes fue en su inicio una transferencia más importante en términos de la satisfacción alimentaria que la asignación por hijo. En su momento cubrió una proporción mayor de las necesidades alimentarias", afirma Kritz.

No es necesario aclarar que en aquellos años (2002/2003) la situación socioeconómica –en términos de pobreza e indigencia-- era mucho peor que la actual, por lo cual es lógico que el plan tuviera un mayor impacto inmediato en términos de poder adquisitivo.

Pero es interesante poner en contexto la real magnitud de la asignación, cuyo poder de compra corre el riesgo de diluirse con rapidez debido a la aceleración en los precios de los alimentos.

Según datos del centro de estudios Buenos Aires City de la UBA y la consultora Economía & Regiones, solo durante el primer trimestre del año, la canasta básica se encareció alrededor del 15%, lo cual proyecta una inflación de alimentos muy por encima del 30% anual que rondaría el índice de precios al consumidor.

¿Mucho o poco?

Los casi 10.000 millones de pesos que se destinarán este año al subsidio a la niñez parecen una cifra monumental en comparación a otros planes sociales del pasado. Sin embargo, en un contexto inflacionario, siempre se corre el riesgo de la "ilusión monetaria": es decir, que la magnitud nominal de las cifras conduzca a conclusiones equivocadas.

Según un estudio de Giselle Cogliandro, de la Fundación Siena, el subsidio a la niñez, más otros planes sociales (el seguro de capacitación y empleo; el plan familias, y lo que queda del jefes de hogar), en total $ 13.471 millones, representan este año el 4,9% del gasto público total.

En 2003, el peso del plan jefe de hogar en el Presupuesto era mayor: los 3713 millones previstos aquel año equivalían al 6,6% del gasto total.

El informe también demuestra que a partir de 2005 se fueron desmontando progresivamente los planes sociales, confiando en que el crecimiento y la creación de empleos reducirían a la mínima expresión la pobreza y la indigencia.

Al no actualizarse los valores, esos planes fueron licuados por la inflación. Así, en 2008 y 2009, los programas sociales representaron apenas el 1,8% y 1,9%, respectivamente, del gasto público total.

Cuando Cristina Fernández anunció el subsidio a la niñez en noviembre, reconoció al mismo tiempo la necesidad de reconstruir la red de seguridad social, que se había desarticulado en los tres años previos apostando a que el mercado de trabajo distribuyera los frutos del modelo.

En subsidios se gasta seis veces más que en los planes sociales

Según los números de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), en 2009 se gastaron 33.333 millones de pesos en subsidios a diversos sectores económicos, entre los que se destacan:

- 15.944 millones de pesos se destinaron al sector energético.

- 11.583 millones de pesos al sector transporte, incluidos 2.299 millones de pesos a financiar Aerolíneas Argentinas.

- 3.300 millones de pesos se gastaron en subsidios a las empresas agroindustriales.

La cifra equivale a 6,5 veces el monto que se destinó el año pasado a financiar planes sociales focalizados, unos 5.000 millones de pesos (ver cuadro). De hecho, en la dinámica del gasto público, desde 2005 en adelante, los planes sociales fueron perdiendo relevancia, a la vez que ganaban cada vez mayor peso los "subsidios económicos" a empresas.

La discusión abierta hace ya un tiempo es qué proporción de esos subsidios benefician a los sectores más pobres, manteniendo bajas las tarifas de servicios públicos, y qué proporción se "filtra" en los bolsillos de los sectores medios más acomodados.

Por ejemplo, los tarifas baratas de colectivo en el área metropolitana se supone que benefician mayoritariamente a personas de escasos recursos. Sin embargo, después de varios años, todavía no se pudo instrumentar el boleto electrónico que permitiría acotar el subsidio a la demanda de las familias pobres, y evitar filtraciones que favorecen a las propias empresas de transporte y a grupos de alto poder adquisitivo. En el caso de la luz y el gas, el propio Ministerio de Planificación admite desde el año pasado que una parte de los fondos subvenciona el consumo de las clases medias altas, en los barrios más acomodados de la Capital y en los countries del Gran Buenos Aires.

En cuanto a los subsidios de las agroindustrias, tampoco es clara la progresividad de los resultados. ¿En qué proporción los casi 7.000 millones de pesos que se destinaron al sector sirvieron para contener los aumentos de precios de los alimentos y en qué proporción engrosaron los bolsillos empresarios?