La historia de la pareja protagonista del crimen en el Oeste de la ciudad está marcada por reiteradas peleas, golpes y agresiones; todos casos que habían sido judicializados.
Anticipando el peligro, los funcionarios judiciales, psicólogos y asistentes sociales que siguen el caso le ofrecieron a ella y sus dos hijos, de 6 años y 6 meses, vivir en otra casa, en otro barrio.
Pero antes de que se pudiera concretar el traslado, la joven asesinó a su pareja. De víctima pasó a ser victimaria y ahora está detenida.
Víctima, porque denunció a su concubino muchas veces a causa de los golpes que le propinaba. Hay registros en la Comisaría 18, en el Juzgado de Familia 4 y también en el Juzgado de Instrucción 3.
Victimaria, porque deberá responder hoy ante el juez de Instrucción 4, Cristian Piana, Secretaría Penal de Horacio Ronda, por el crimen de su pareja, identificada como Eduardo Huenufil. Los vecinos lo llamaban “Capelo”.
El caso de esta familia fue judicializado en 2010, aunque la Justicia ya tomaba cartas en el asunto por la situación de calle de la joven; y los problemas de adicción que arrastraba su pareja, desde que eran menores de edad.
Fuentes cercanas al Juzgado de Familia Nº4 informaron ayer que en el caso se adoptaron todas las medidas de seguridad que prevé la ley. Tal es así que, en resguardo de la joven ahora detenida y sus dos hijos, la Justicia le prohibió a su concubino acercarse al hogar. Como no acató la orden, hay numerosas vistas al fuero penal por desobedecer esa disposición judicial.
Incluso existe como antecedente una denuncia por lesiones que fue radicada en la Comisaría 18 contra el joven fallecido; y al menor una más en la Fiscalía de Delitos Especiales, con intervención del Juzgado de Instrucción 3.
Ante la gravedad del caso, la fiscal Soledad Rangone pidió meses atrás la detención del Huenifil. Planteó que no prosperó porque un juez subrogante lo rechazó. Al parecer, las pruebas reunidas eran escasas.
No obstante ello, desde el Juzgado de Instrucción 3 se informó que la mujer fue citada en reiteradas oportunidades para que realice los informes médicos correspondientes y preste declaración testimonial, sin que se presente.
“Aunque se intentó por distintas vías, nunca se la pudo ubicar”, indicaron fuentes cercanas al juzgado.
Cómo última medida de seguridad, los funcionarios judiciales y referentes del Servicio de Prevención de Violencia Familiar, a cargo de Marina Pacheco, gestionaron el alquiler de una vivienda en otro barrio.
La citaron el viernes pasado para concretar el traslado, y por alguna razón que se desconoce no concurrió. Entonces fue nuevamente convocada para esta semana, y en el medio, el conflicto crónico que arrastraba con su pareja terminó en tragedia.
Aunque las distintas fuentes judiciales que consultó ayer La Mañana Neuquén anticiparon el peligro, reconocieron que “se esperaba lo contrario, que fuera él quien terminara con la vida de ella”.
“Veíamos un riesgo para la joven, nunca pensamos que para él”, agregaron.
La intervención del Estado
En diálogo con La Mañana Neuquén, la referente del Servicio de Prevención, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, advirtió que en casos graves y crónicos, intervienen distintas instituciones que actúan coordinadamente, entre ellas, la escuela, el centro de salud, la fiscalía y los juzgados. En principio, se busca contener y fortalecer a la mujer, ofreciendo un espacio psicológico. A la par, se ordenan medidas cautelares como de restricción de acercamiento.
No obstante, si esto no surte efecto, Marina Pacheco sostuvo: “Hay que avanzar con medidas penales más duras. Esto es lo que falta, la pata penal, que la Justicia Penal dé una respuesta contundente”.
Y agregó: “Se llega tarde, no es suficiente la respuesta que da o quizás es un problema de legislación. Es delito la amenaza, las lesiones, el intento de homicidio, pero la violencia familiar no lo constituye en nuestro Código Penal”.
Mientras tanto, apuntó que muchas mujeres se preguntan “¿qué están esperando, que me maten?”. O dicen: “Es mi vida o la de él”. Existe, además, la necesidad de avanzar con dispositivos de contención en los barrios.
“Tenemos la esperanza de que la Fiscalía de Delitos Especiales pueda tomar el caso en su conjunto y no cada denuncia aislada”, concluyó la referente del Servicio de Prevención.
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