Con solo dar unas vueltas por la periferia de la ciudad, cualquier ciudadano puede comprobar la cantidad de asentamientos ilegales que con alarmante crecimiento, proliferan generando innumerables problemas. Si bien hubo distintos enfoques e intentos de autoridades por frenar este crecimiento y de alguna manera controlarlos, lo cierto es que a la hora de la verdad este parece ser un problema de todos, porque afecta en forma directa o indirecta a todos, pero que en realidad no parece tener solución.
Al ser consultado sobre si hay controles para las personas en esta condición Pulley afirmó que “no hay controles; nosotros pedimos la intervención de Migraciones cuando hicimos un relevamiento en Km. 8 y en ese momento mandaron dos inspectores. Ellos hicieron un relevamiento del 10% del listado que les dimos de extranjeros indocumentados y después no volvieron. Nosotros en ese relevamiento encontramos que eran casi todos extranjeros en condiciones ilegales, había paraguayos, bolivianos, un par de familias dominicanas, algunos peruanos. Entiendo que a ellos les dejaron la cédula de citación intimándolos a que regularicen su situación, pero de todas maneras de las 87 familias extranjeras se notificó a unos pocos que no pasaban de 20; es más, solo trabajaron de este lado de la ruta, nunca pasaron al otro sector del asentamiento que es mucho más grande” recalcó Pulley.
Sin servicios, en condiciones precarias y “colgados”
Más adelante, Pulley dijo que hace apenas unos días fueron a una reunión convocada por unos cuantos vecinos del asentamiento que intentan funcionar a modo de vecinalistas y que se muestran preocupados por la seguridad. Lamentablemente, agregó el jefe policial, las condiciones de vida en los asentamientos son terribles ya que los lotes no tienen servicios, por lo que las casas no tienen cloacas, ni luz ni gas. A simple vista se observan una maraña de cables peligrosamente cruzados que van de los postes a las precarias casas. Hubo un intento por instalar los medidores comunitarios, por parte de la SCPL con lo que los vecinos pagarían una suma fija de 150 pesos por mes, pero son los menos, no más de 50 viviendas, según indicó la autoridad policial.
“Esta situación genera distintos hechos por los que somos requeridos a diario -dijo Pulley-. Lo que pasa es que todos los días tenemos situaciones con personas que se meten a la fuerza. Se dan muchos casos de delincuentes que sacan a las familias de las casas violentamente y se meten ellos, se quedan con sus cosas; en fin, es una situación grave, porque se generan hechos de violencia permanentemente y como son todos ilegales, no hay marco regulatorio para nada. Por ejemplo, acá en la comisaría recepcionamos al menos dos denuncias de personas que dicen haber sido sacados violentamente de sus casas. Nosotros los remitimos a Fiscalía, pero como están usurpando los terrenos, no tienen títulos de las propiedades, no se puede hacer nada, es decir denuncian una usurpación de un lote usurpado”.
El impacto en materia de seguridad
“Todo los días tenemos estos hechos -dijo Pulley-, y en materia de seguridad esto tiene una implicancia tremenda porque este es el sector más castigado por delitos contra la propiedad, los que son colindantes con los asentamientos y eso no es solo una estadística, es una realidad” dijo el jefe policial diagramando la difícil situación que se cierne en torno a los asentamientos.
Todo esto solo es un indicativo de un grave problema, ya que al tratarse de ilegales, la justicia no puede intervenir por lo menos en las disputas entre los mismos vecinos.
Policía se ve saturada con una cantidad creciente de individuos que pululan en las inmediaciones sin domicilios ni trabajos fijos, y por otro lado está la intervención de la Municipalidad que aparentemente solo se circunscribe a un relevamiento, y cuando puede evita alguna que otra ocupación en distintos sectores de la ciudad, y nada más.
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