El Tribuno recorrió los asentamientos conocidos como Lavalle, Sol del Oeste, Bicentenario y 17 de Octubre. Se consultó la situación de familias que viven en terrenos desprovistos de infraestructura y de servicios básicos.
En 1900, una de cada 10 personas vivía en ciudades en el mundo. Actualmente, unas 3.000 millones de personas, o sea, casi la mitad de la humanidad, residen en centros urbanos y ya hay 23 ciudades, 18 de ellas pertenecientes al mundo en desarrollo, con más de 10 millones de habitantes, de acuerdo a un reciente informe del Centro de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. ¿Cómo podría Argentina (y Salta) escapar de esta realidad que se acentúa cada vez más en Latinoamérica?
Gigantes barriadas ya formalizadas en la capital salteña, como Democracia y Solidaridad, entre otras, se gestaron en un asentamiento.
Este fenómeno representa serios problemas, tales como la pobreza, la marginación y la constitución de hogares altamente vulnerables. En general, en los asentamientos se constata una alta incidencia de la jefatura de hogar femenina con bajo nivel educativo y un número elevado de jóvenes que abandonan la escuela tempranamente luego de una acumulación de fracasos. Estos habitantes presentan un alto aislamiento a partir de una disminución de la interacción social, a lo que se suma una baja cobertura de salud y otros servicios públicos.
Sin embargo, los asentamientos irregulares son para muchas familias la única opción viable para conseguir algún día un techo para sus hijos y para dejar de pagar alquiler o compartir casa con otros parientes. Toman esta opción aun a cambio de perder cierto confort que ofrece un loteo desarrollado con infraestructura necesaria para lograr una mejor calidad de vida.
Unos 110.000 asentados
Un informe de El Tribuno dio cuenta recientemente de que en la capital salteña existen 87 barrios informales, tal como se suele denominar a los asentamientos, y que el 90% de los trámites, reclamos y ocupaciones directas está encabezado por mujeres. El Estado, a través de las sucesivas administraciones democráticas, por diferentes vías buscó normalizar la situación de los habitantes irregulares, entregando en 17 años un total de 22.411 terrenos. Sin embargo, la tarea no pudo profundizarse y de esos terrenos, en la actualidad, solamente 11.862 fueron regularizados. En esas nuevas urbanizaciones viven alrededor de 110.000 personas con los servicios básicos insatisfechos.
Para sondear la situación actual de familias que pernoctan en terrenos desprovistos de infraestructura, El Tribuno recorrió los asentamientos denominados Lavalle, Bicentenario, Sol del Oeste y 17 de Octubre. Se consultó a 80 personas sobre el tiempo que llevan habitando el terreno, con quiénes lo comparten, si tienen trabajo, si perciben asignaciones o subsidios, cuál es la situación legal de los terrenos que ocupan, y cómo vivían antes de ocuparlos. Si bien las respuestas son variadas entre uno y otro asentamiento, son muchas las respuestas comunes entre los vecinos asentados. Por lo general no reconocen la usurpación de terrenos.
Muchos dicen que los pagaron, y puede ser verdad. Las familias son numerosas y deben subsistir con ingresos muy bajos. La mayoría de los consultados destacó la importancia de tener un lugar propio. Prefieren resignar cosas básicas como servicios públicos, con tal de ser propietarios. A casi todos, pagar un alquiler les resulta imposible. Llamó la atención que la gran mayoría de los consultados manifestó que no recibe ningún tipo de ayuda económica a través de asignaciones o planes sociales.
Vale comentar que algunas personas respondieron con temor, otras no quisieron comentar y dos se mostraron agresivas, tal vez porque vieron en las preguntas una amenaza al lugar que conservan a pesar de las circunstancias adversas. Los asentamientos son, sin duda, un tema que encabeza la lista de problemáticas sociales. No cuesta ponerse en el lugar de los asentados cuando se piensa en el valor del techo propio. Todos viven en condiciones precarias y la pobreza extrema es el denominador común.
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