La jefa del Archivo Histórico Municipal, Raquel Adet, calificó como una "cortina de humo" la anulación del contrato de digitalización con la empresa Plumada, dispuesta por el gobierno provincial.
"La tan mentada anulación es solo una cortina de humo para tapar el escándalo desatado por el informe de auditoría requerido por los diputados, mientras se mantiene intacto el contrato firmado por Romero en el 2006, por el que nuestros archivos fueron entregados a una empresa privada", señaló la funcionaria municipal.
Adet cuestionó los "procedimientos corruptos" que maneja la empresa y ejemplificó con lo sucedido en el ámbito municipal. Según aseguró, Plumada no estaba facultada a llevarse, por su valor histórico, documentación de más de treinta años de antigüedad del archivo administrativo, tal como ocurrió.
El Concejo Deliberante aprobó semanas atrás un pedido de informe a la intendencia sobre los archivos municipales que están guardados en las instalaciones de Plumada en el acceso a Salta, pero aún no se conoce la respuesta.
La funcionaria además, cuestionó el "grado de impunidad" con la que la empresa sacó las historias clínicas de los hospitales y los prontuarios de los policías por cuya guarda cobra 500 mil pesos anuales, según los propios informes brindados por el gobierno de la provincia.
"Todo bajo un contrato ilegal porque viola la Constitución que en su artículo 52 dice que el patrimonio documental debe estar bajo la guarda del Estado", aseveró la jefa del Archivo Histórico Municipal.
Adet también resaltó que en el tema Plumada hay responsabilidades del gobierno que se fue y del que llegó, porque "los funcionarios de Romero que se llenaron y se llenan los bolsillos con este escandaloso negociado ahora son funcionarios de Urtubey".
A juicio de Adet, lo que quiere el gobierno provincial es que tras la anulación del contrato de digitalización no se hable más del tema de Plumada. "Pero nosotros tenemos la obligación de seguir reclamando y de seguir exigiendo la revisión integral del contrato, su anulación y la devolución de los archivos públicos".
Una causa sin jueces
Una cuestión de competencia frena aún el avance de la causa promovida por la fiscal María Inés Loyola, en contra de tres funcionarios de Romero por el "encargo" de digitalización a Plumada, en los últimos días de esa gestión.
Según pudo conocerse en Tribunal, el juez de instrucción formal de segunda Nominación, Esteban Dubois ante quien la fiscal imputó a los funcionarios cree que la causa corresponde al juez de primera, Martín Pérez: este a su vez sostiene que es Dubois el que tiene que avanzar en la investigación.
El conflicto de competencia, según fuentes judiciales, podría llevar un mes. La fiscal Loyola promovió acción penal contra la ex ministra de Educación de Romero, María Esther Altube, el ex coordinador de Bibliotecas, Miguel Ángel Cáseres, y el ex asesor legal de ese ministerio, Diego Larrán, acusándolos de negociaciones incompatibles con la función pública.
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