El Instituto Internacional de la Prensa, con sede en Viena, manifestó su preocupación por la posible influencia política del Gobierno sobre la autoridad de aplicación.
Ese órgano será el encargado de interpretar y aplicar la nueva ley, sancionada el sábado a la madrugada y promulgada en tiempo récord por la presidenta Cristina Kirchner.
El representante del IPI criticó, además, que el Gobierno controle la distribución de las licencias de todas las emisoras de radio y televisión que no sean satelitales.
Otro de los temas cuestionados fue el número de licencias de radio y televisión que permite la nueva ley. Según el IPI, esto obligará a varios grupos de comunicación a vender licencias que adquirieron en el pasado, "probablemente a un precio muy inferior al pagado inicialmente".
El IPI es una red de editores y propietarios de medios de comunicación en más de 100 países que defiende los derechos y la libertad de expresión de los periodistas.

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