El arquitecto Eduardo Lamelza, promotor de la iniciativa para declarar mediante una ordenanza municipal la “emergencia habitacional” en Junín, afirmó que en la ciudad “hacen falta unas 3.000 viviendas sociales y otras tantas para profesionales y trabajadores de clase media que, hoy por hoy, no pueden acceder a un crédito”.

Su proyecto no prosperó en el Concejo Deliberante local porque, según le explicaron en una carta, “la emergencia habitacional está declarada desde 1.995 en la Provincia de Buenos Aires”, por lo que una posición en este sentido por parte de la Legislatura local se superpondría con la normativa provincial.

No obstante, Lamelza considera necesaria la creación de “un banco de tierras fiscales”, para tener un mapa de los lugares donde se podrían construir casas para quien lo necesite.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas del Municipio, Agustín Pinedo, asegura que la precariedad edilicia no es tan apremiante como la descripta por su colega: “En el registro de la Secretaría de Bienestar Social había tres mil familias anotadas solicitando vivienda, pero a muchas de ellas ya le fueron entregadas sus casas, así que las necesidades son menos. Además, eso no significaba que hubiera tres mil familias en la calle, sino que probablemente muchos de ellos viven con los padres o algún familiar, o en un lugar prestado, o en un lugar precario; no obstante, hay una necesidad”.

Y agregó que se tendrá una idea más clara de esta situación cuando estén los resultados del censo 2.010.

Las tierras

Ambos profesionales coinciden en que un aspecto central pasa por la tenencia y el reparto de las tierras. Por eso Lamelza insiste en el “banco de tierras fiscales”, ya que, según su análisis, “si se tiene el terreno, el costo total de una casa baja un 40 por ciento”.

Por eso, quiere solicitar a las autoridades comunales que se informe “qué se hizo con los lotes fiscales, si se vendieron, si hay disponibles, para plantear un programa habitacional”.

En tanto, Pinedo señala que “hace poco loteamos dos manzanas y entregamos esos terrenos” a familias que lo necesitaban.

Para el funcionario municipal, el tema de las tierras es el primero que se debe tratar, “porque hoy existen terrenos dentro de la ciudad que podrían ser considerados ociosos porque en ellos se siembra soja, algo que debería suceder en zonas rurales”. De esta manera, si se pudieran expropiar las mismas -a través de una ley y pagando el precio que corresponda- y luego urbanizarlos, habría más lotes disponibles.

Pinedo cree que en este programa, la comuna debería ser el administrador de los fondos que tendrían que ser aportados por el Estado nacional o provincial, quienes supervisarían las obras. “El Municipio tiene un control más cercano de los ciudadanos”, asegura.

En la actualidad, el principal problema que advierte el funcionario es que “resulta difícil adquirir terrenos porque los jueces son muy estrictos en el respeto de la propiedad privada y cuando iniciamos algún trámite es muy arduo probar el abandono”.

La clase media

Otra coincidencia de los dos arquitectos pasa por la evaluación que hacen sobre el mercado inmobiliario para la clase media.

Lamelza considera que es necesario atender las necesidades de trabajadores y profesionales que “hoy por hoy, no pueden acceder a un crédito”.

“Con la pauperización que sufrió la clase media -señala Pinedo-, se le hace difícil hasta a un profesional liberal llegar a tener su propia vivienda, y ni hablar de sectores asalariados más desprotegidos, por lo tanto hay que responder a esas situaciones también y arbitrar otros medios. La Argentina tiene una larga experiencia en ese sentido, y Junín también, ya que muchísimas casas han sido construidas a través de los planes del otrora famoso Banco Hipotecario Nacional”.

El papel del Municipio

En donde no hay acuerdo es en el papel de la Comuna en este aspecto.

Lamelza se lamenta porque “en el Presupuesto que se envió al Concejo Deliberante se incluyen 197 mil pesos para vivienda, lo que demuestra que no hay interés en dedicar recursos a este área”. Ese monto representa menos del 0,2%.

Pero el secretario de Obras Públicas asegura que desde el gobierno local se da respuesta ante situaciones de emergencia extrema, porque lo que tiene que ver con viviendas es un asunto de competencia provincial y nacional.

“Nosotros podemos gestionar tierras -explica Pinedo-, dividirlas y entregarlas a los que más lo necesitan. Las evaluaciones para ver a quién se les tiene que dar las hace Bienestar Social y a veces tenemos orden de la Justicia de brindar solución a determinada situación”.

En tal sentido, afirma que “se contrataron 20 prefabricadas que serán utilizadas para resolver de manera inmediata cuestiones puntuales”.

Por último, comenta que el papel de la Comuna pasa por “respaldar emprendimientos locales que se realizan a través de organizaciones intermedias como sindicatos, cooperativas y demás”.

Sin embargo, Lamelza remarca que “la Municipalidad nunca se ocupó de apoyar planes o cooperativas de viviendas, ni de gestionar créditos frente a distintos organismos”.