Todos los miércoles, un grupo cada vez más numeroso de jubilados se concentra frente a la Legislatura de Córdoba y pide que se derogue la ley 10.078, que se aprobó en 2012 y que implica un retraso de seis meses en la aplicación de los aumentos salariales.

Los daños que provoca esa ley son cada vez mayores. Ahora, un estudio técnico del radicalismo señala que los pasivos provinciales perderán, en promedio, 1.306 pesos por mes durante 2014 y que al finalizar el año estarán cobrando apenas el 60% del sueldo de un activo. Es decir, lejos quedó el 82 por ciento móvil que alguna vez percibieron los jubilados de Córdoba.

El estudio del bloque de legisladores de la UCR plantea dos alternativas: un escenario inflacionario de alrededor del 50% y que se considera poco probable, y otro con un 34 por ciento de incremento en los precios.

Si lo que ocurre es finalmente la segunda alternativa, los activos tendrán una pérdida de poder adquisitivo de casi 14 pesos por cada 100 que cobren. Los activos, por su parte, perderán casi 3 pesos porque los aumentos que percibirán no alcanzarán el ritmo de la inflación.

El informe señala: “Los activos recibirán un incremento salarial del 20,64 por ciento en febrero y del 9,09 por ciento en agosto. Esto implica una suba anual de 31,6 por ciento. Mientras tanto, los pasivos sólo recibirán en 2014 un aumento del 20,64 por ciento que se dará en el mes de agosto, porque el resto se aplica en febrero de 2015. Si la inflación es del 34 por ciento, por cada 100 pesos que cobran, los activos perderán 2,88 pesos, mientras que los pasivos perderán 13,85 pesos. Esto resulta de considerar los aumentos nominales y descontarles la inflación”.

Como el promedio de los haberes es de 9.432 pesos, a fin de año los jubilados habrán recibido un aumento de 1.946 pesos pero habrán perdido 1.306 pesos por la inflación (ver recuadro). “Esto significa que los 9.432 pesos que cobraban en enero, terminarán ‘valiendo’ 8.125 pesos porque el aumento recibido no compensa la inflación de todo el período”, señala el informe.

Eduardo Yuni, jefe del bloque de legisladores de la UCR, indicó que la Provincia debería avanzar en alguna solución urgente para los jubilados. Señaló que los cálculos de sus técnicos plantean que los pasivos terminarán cobrando el 60% del sueldo de un trabajador en actividad.

El radicalismo había pedido una audiencia con De la Sota para tratar los efectos de la ley 10.078. Sin embargo, no obtuvo respuesta.

“Hemos puesto como eje tratar de resolver el flagelo que sufren 100 mil jubilados. Le pedimos audiencia al gobernador, nos reunimos con la mesa provincial de jubilados e hicimos un estudio técnico para conocer el impacto de la ley. No puede ser que, por razones políticas como por ejemplo la pelea con la Nación, el ajuste lo tenga que soportar la clase pasiva”, declaró Yuni.

Y agregó: “Vamos a presentar proyectos legislativos que apunten a derogar esta ley y a encontrar otros mecanismos. Los trabajadores cordobeses aportan el 18% de sus sueldos, en vez del 11% del nivel nacional. Nosotros queremos acordar una salida junto con el gobierno. Pero debe haber voluntad política porque son mayoría en la Legislatura”.

Yuni señaló que el gobierno cordobés debería comenzar a aplicar mecanismos que vayan al menos atenuando la pérdida de poder adquisitivo de los haberes de los jubilados. De lo contrario, quedarán cada vez más retrasados ante el proceso inflacionario que se aceleró desde los primeros meses de 2014.

“El radicalismo tiene propuestas concretas para encontrar soluciones. Conocemos el sistema jubilatorio y sabemos que hay maneras para que los ahorros se hagan por otra vía”, aseveró Yuni.

La próxima semana, los jubilados prevén intensificar el plan de lucha para tratar de revertir la 10.078.