La diputada Evangelina Godoy iba a ser presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Pero el nombramiento se frenó. Hubo gestos que molestaron al PJ.
Ella es la esposa del fotógrafo devenido en empresario Gustavo Mátar, quien fuera imputado en la causa que investiga el pago de sobreprecios por parte del Estado en la contratación de servicios de comunicación.
Por ahora sigue al frente de esa comisión clave su compañera de bloque, Rita Morcos. Ese por ahora se extendería como mínimo hasta que termine el receso invernal que se tomarán los legisladores, con final previsto para el 19 de julio.
Sin embargo, el tema es tan caliente que algunos de sus colegas piensan que ese nombramiento nunca debería suceder, por lo menos hasta que se calmen las aguas en torno a la causa en la que está involucrado su marido.
Ella es diputada provincial desde noviembre de 2011. Asumió un mes después de la denuncia presentada por los que ahora son colegas del bloque radical: Roberto Infante, Daniel Dimartino y Alejandro Limas.
Los tres legisladores habían denunciado ante el fiscal de Delitos Complejos, Santiago Garay, al marido de Godoy por ser el partícipe necesario para que el Gobierno provincial supuestamente desviara fondos para financiar la campaña electoral del Frente para la Victoria.
El tiempo pasó y Garay viró el eje de la investigación hacia el pago de sobreprecios. El fiscal vio que Mátar era contratado para prestar servicios que otros proveedores podían ofrecer y mucho más barato.
Entonces, casi dos años después de la denuncia presentada por los radicales, el 8 de mayo pasado, el fiscal Garay allanó la sede de la empresa Sur Talent (propiedad de Mátar y de la que Godoy fue socia originalmente) y la propia casa conyugal.
A principios de junio fue imputado, junto a tres ex funcionarios del gobierno de Celso Jaque, entre ellos el poderoso ex secretario general de la Gobernación Alejandro Cazabán. Este último es el jefe político de la diputada del PJ.
Justo en esos días en que Garay imputaba a los protagonistas se definían las presidencias de las comisiones. Godoy venía avanzando con paso seguro hacia la presidencia de Hacienda y Presupuesto, lugar considerado clave porque en ella se tratan todos los temas vinculados a los números provinciales.
Pero el nombramiento se detuvo. Es que, además del escándalo desatado por la causa judicial, hay un detalle nada menor: esa comisión suele ser la receptora de informes trimestrales del gasto comunicacional del Gobierno provincial, de acuerdo a lo que prescribe la ley 6.496 para control de los recursos utilizados. Justo ese gasto que tuvo como importante destinatario a Mátar.
El 16 de mayo pasado, Los Andes informaba que Godoy estaba nominada para presidir esa comisión. Los días pasaron y el nombramiento sigue sin concretarse.
A este detalle, que tal vez podría obviarse con el correr de los días, se sumó otro también reflejado en las páginas de este diario.
El 26 de junio pasado se informaba que Godoy había presentado tres pedidos de informes dirigidos al Poder Ejecutivo, preguntando por las condiciones en las que se contrató a Alejandro Sanz para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2013, y a la tigresa Marcela Acuña para la pelea con Yésica Marcos.
Esos tres pedidos de informes desataron iras de todos los frentes contra la legisladora. Incluso aliados de la interna y amigos no hicieron mucho por protegerla. Algunos de esos aliados y amigos creen que ella debería ahora optar por bajar el perfil y empezar a despegarse del escándalo y de la causa.
Por eso es que la llegada a la presidencia de la Comisión de Hacienda parece lejana. Alguien dijo que podría volver a hablarse de este tema después del receso invernal pero parece improbable que cualquier charla fructifique. La voluntad del oficialismo es no hacer olas.
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