El radical había indicado que la Ley de Hábitat Social podría servir para “transparentar las excepciones, que hay que decir la verdad, son un nicho de corrupción pues se arreglan en pasillos oscuros con una tarifa”, dejando entrever el pago de coimas.

"Carlos Fernández ha ostentando funciones de gran responsabilidad en el gobierno local durante largos años y conoce como pocos la gestión municipal desde adentro, le preguntamos públicamente a que pasillos oscuros y tarifas se refiere. Máxime teniendo en cuenta que la gestión de la cual formó parte ha hecho y sigue haciendo numerosísimas excepciones. Sus declaraciones insinúan que hay corrupción y que eso hace razonable que sea el estado (y no algún funcionario en pasillos oscuros) quien cobre por dar excepciones", indicaron los preservacionistas en un comunicado.

Este “sinceramiento”, útil para develar desde el propio riñón de la gestión el estado de situación, "no puede ser la excusa para proponer la legitimación de una práctica antidemocrática y delictiva", opinaron los ecologistas.

Agregaron que "se ven complejos hoteleros, loteos, barrios cerrados y edificios vip, todos ellos crecen como hongos en la ciudad. Mientras, las distorsiones generadas por el mercado inmobiliario generan el encarecimiento y la retención especulativa de lotes disponibles en zonas urbanas, limitando el acceso a la tierra y vivienda de muchísimas familias, y por otra parte impulsan la urbanización de áreas de preservación y rurales. Esta voracidad produce la vertiginosa transformación del territorio y arrastra no sólo a la ciudad sino a las regulaciones existentes, enfrentando una racionalidad comunitaria y ambiental a la racionalidad exclusiva del lucro individual".

Una gestión democrática "requiere una política de ordenamiento territorial orientada a atender las necesidades genuinas, no a fortalecer negocios que justamente hacen de la diferenciación y exclusión una fuente de ganancias", subrayaron.

"¿Qué ofrecen los country, los clubes privados y los edificios de marca? Exclusión de los otros, diferenciación. Son por definición y vocación, para pocos, cerrados. ¿Por qué quienes gerencian estos proyectos creen que la sociedad debe otorgarles el privilegio de apropiarse del sol, los paisajes y la capacidad de la infraestructura de la ciudad (agua, cloacas, tránsito) o concederles la gracia de hacer urbanizaciones en la zona rural o en las Sierras? ¿Por qué hay autoridades que cooperan con esa misma lógica antidemocrática otorgándoles excepciones y toda la “vista gorda”, falta de control, o “vueltitas” que hagan falta para garantizar estos negocios?", explicó la Asamblea.