El agente de Policía que está procesado por su presunta participación en los saqueos quizás no siga detenido durante mucho tiempo, ya que la imputación (hurto agravado) podría no tener entidad para que los fiscales de Instrucción Diego López Ávila (de la IV° Nominación) y Adriana Gianonni (de la VIII° Nominación) soliciten la prisión preventiva en contra del sospechoso. El suboficial, sin embargo, no regresaría en lo inmediato a sus actividades, según explicó el jefe de la fuerza, Dante Bustamante. “Con respecto a la cuestión administrativa, a nivel interno se dispuso su pase a situación pasiva. Hasta que no se resuelva la cuestión no será restituido a su servicio”, indicó el funcionario a LA GACETA.

El acusado fue arrestado el sábado pasado, por pedido de los fiscales. Días antes, se había realizado un allanamiento en su casa, donde se secuestraron varios fardos de bebidas (gaseosas y con alcohol) y otros productos, cuya compra el agente no pudo justificar, según fuentes tribunalicias. Los informantes agregaron que se había dado con él gracias a la colaboración de testigos, que aportaron datos de los lugares y de la camioneta en la que el policía habría cargado la mercadería en diferentes supermercados.

Al declarar, el suboficial (se desempeña como empleado en una seccional de la capital) negó todas las acusaciones. Los investigadores desconfían de sus palabras, y si bien fue procesado por estos hechos en particular (la causa es por hurto agravado), se está tratando de determinar si existió alguna vinculación o incitación a la comisión de esos delitos.

Entre el 9 y el 11 de este mes, en medio de una crisis en la fuerza por un pedido de suba salarial, se produjo una ola de saqueos y otros hechos violentos en la provincia, que produjeron la muerte de al menos ocho personas, según pudo determinar LA GACETA en un relevamiento (la cifra oficial del PE indica que son seis los fallecidos).

Hay ocho policías arrestados, acusados de sedición, ya que el reclamo por el aumento estuvo acompañado por un quite de servicio de vigilancia.

El comisario general Bustamante destacó que, además del agente arrestado por robo, hay un empleado judicial detenido. “Su nombre se mantiene en reserva”, indicó el jefe de Policía. Fuentes consultadas por este diario remarcaron que se desempeñaría en el fuero penal de la Capital, en una oficina situada en los Tribunales de la avenida Sarmiento al 400.

Bustamante sí pudo confirmar que la situación del trabajador judicial (tendría una categoría menor) es similar a la del suboficial arrestado. “A veces se exacerba todo porque se trata de un policía, pero en las imágenes (de aquellos días) se ve mucha gente, entre ellos ciudadanos supuestamente de bien, que cuando tuvieron la oportunidad de apropiarse de algo ajeno no dudaron. A nivel nacional, incluso, se observaron vehículos de alta gama (durante los saqueos)”, afirmó.

A los fines de la investigación inicial, el arresto del empleado de los Tribunales penales tendría un valor diferente a la del suboficial de la fuerza. La denuncia que abrió el expediente sobre sedición y otros delitos (por la supuesta autoría mediata de los implicados) fue realizada por el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, en representación del Poder Ejecutivo, y apunta sobre todo a integrantes (actuales, retirados o cesanteados) de la Policía.