El Colegio de Arquitectos consideró necesario acercar algunas reflexiones sobre la problemática que presenta la desactualización de las normas y la falta de nuevas herramientas de gestión del territorio.

La aprobación nuevamente de una excepción a las normas urbanísticas para el proyecto deconstrucción de un edificio en el predio lindero y en el propio parque del Chalet Ave María –ex residencia del reconocido músico Mariano Mores- expone nuevamente aspectos de un debate de larga data y a la fecha irresoluto: la actualización y modificación del Código de Ordenamiento Territorial sancionado hace más de 30 años y la creación, entre otras herramientas urbanísticas, de áreas de preservación patrimonial.

“Este caso particular no es el primer proyecto presentado para dicho predio. No se pretende aquí hacer un juicio de valor respecto de las características del proyecto arquitectónico, sin embargo la añadidura del predio lindero le otorga dimensiones que justifican la determinación de indicadores o normas de tejido particularizadas”, se indicó.

En ese sentido, según los argumentos expuestos en su tratamiento, se ha otorgado mediante excepción un Plano Límite (PL) superador del admitido para el Distrito Urbano donde se localizará el emprendimiento, provocando una disociación en el entorno construido y alterando el perfil urbano de este histórico barrio marplatense.

“Entendemos que la conformación de una comisión de trabajo, tal lo expresado en el texto de la Ordenanza, podría haber sido la oportunidad para proponer la definición de Áreas de Protección Patrimonial (APP) ya previstas en el Plan de Gestión Territorial (PGT) del año 2010 y nunca instrumentadas”, plantearon.

Desde el Colegio de Arquitectos consideraron que “independientemente de que el proyecto en cuestión no implica desafectación de un bien declarado patrimonio de la ciudad, es evidente que la definición de una APP para la zona habría resguardado el entorno”.

Desde el Colegio de Arquitectos, impulsan reflexionar sobre:

1-  Adoptar decisiones de alcance público instituidas en un proceso de planificación como política de Estado, poniendo en valor los procesos enunciados en el Plan Estratégico, el Plan de Acción del BID y el Plan Maestro de Transporte y Tránsito;

2-  Asociar estas decisiones a una agenda de temas donde se prioricen las problemáticas para comprenderlas y que permitan generar así soluciones en materia de gestión territorial y ambiental;

3-  Constituir y consolidar los equipos técnicos municipales buscando garantizar la continuidad de las políticas públicas adoptadas;

4-  Articular al diseño de estos instrumentos de gestión la mirada disciplinar, convocando a las entidades colegiales e instituciones académicas de la región para colaborar y contribuir con el desarrollo e impulso de las mismas;

5-  Actualizar las normativas de ordenamiento territorial, reglamento de construcciones, de gestión ambiental, fiscal impositiva, de espacios públicos, entre otras, determinando alcances, instancias regulatorias, y las correspondientes responsabilidades público-privadas;

6-  Hacer eficiente la gestión del territorio desde políticas sostenibles, otorgando un perfil amplio a estas acciones, promoviendo consensos tanto en materia social, ambiental, fiscal-financiera como territorial;

7-  Impulsar la convocatoria a concursos públicos de ideas o proyectos con el objetivo de constituir un óptimo producto arquitectónico y urbano.