El juez quilmeño dictó esa medida para proteger los terrenos recuperados por el Estado en las márgenes del contaminado cauce de agua. De no cumplir con la decisión judicial, el magistrado puede imponer multas diarias a funcionarios provinciales y porteños. La exigencia también incluye al organismo ACUMAR.
El objetivo de Armella, según consigna la agencia Télam, es evitar que se instalen nuevos asentamientos en los terrenos recuperados por el Estado en las orillas del Riachuelo.
El magistrado señaló: “No se puede pretender dar solución a la problemática habitacional de la cuenca en saneamiento si ante cada nueva obstaculización se deben rediseñar las acciones que en procura de ello se hallen en ejecución, por lo que la autoridad obligada junto a los Estados involucrados deberán poner en funcionamiento inmediato los resortes institucionales que poseen, y en ejercicio del Poder de Policía que la ley les confiere dar respuesta a esas eventuales situaciones”.
Armella explicó en su fallo que las autoridades provinciales y porteñas deberán ocuparse de la “implementación de una red de patrullaje y monitoreo permanente a lo largo de toda la extensión del denominado ‘camino de sirga’, tendiente a evitar la intromisión de nuevas construcciones precarias e informales”.
El no cumplimiento de la medida dictada por el juez federal podría transformar a los funcionarios competentes en “pasibles de soportar con sus propios patrimonios el pago de una multa diaria por cada día de incumplimiento, que el suscripto considere adecuada en orden a la gravedad de los incumplimientos que se verifiquen”, concluyó Armella.
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