“Como ciudadano y en virtud del derecho que me asiste, efectué la solicitud judicial, que estuvo motivada por expresiones referidas, a mi actuación anterior al ejercicio de la función publica”, dijo Goye a través de un comunicado no oficial y “a título personal”, en el que intentó justificar el allanamiento a dos radios locales -en plena transmisión-, “aclarando” que las denuncias fueron presentadas “como ciudadano”, buscando desprenderse de su investidura y responsabilidad institucional como Intendente de la ciudad.

Obviando además que las notas periodísticas -por las que Goye denunció a medios de comunicación y periodistas- aluden a su cargo público, a su intento de obtenerlo como candidato a intendente -por lo que la ciudadanía debe ser informada sobre su perfil y antecedentes-, como candidato y presidente de la Cooperativa de Electricidad Bariloche y como procesado en la causa ARBOS.

Todos eventos noticiosos para el periodismo y necesarios el escrutinio público, que resulta esencial para establecer un sistema democrático de rendición de cuentas. Futuro, en el caso de candidaturas a cargos públicos y actuales en el caso de funcionarios del Estado.

Lo cierto es que, más allá que mediante argucias legales la judialización de los medios y los trabajadores de prensa, sea posible -aunque no perdurable en el tiempo-, nunca ostentarán legitimidad social. Y de eso, de la legitimidad social, se alimentan los políticos. En netos términos de imagen política, judicializar a la prensa, resulta siempre negativo. El intendente, puso un pie en este juego, sin contemplar que esta partida orada su imagen política ante la opinión pública.

En apariencia, Goye no está bien asesorado sobre el ABC de la imagen y el marketing del “buen político” con proyección y legitimidad políticas. Aquí, algunos apuntes a considerar:

En política, la imagen es un recurso y un método para acceder al poder, ejercerlo y conservarlo. Si un funcionario público es señalado como corrupto, o protagoniza un escándalo por daño al erario estatal, lo que se deteriora es mucho más que su propia imagen. Lo que se desprestigia de manera implícita, son las instituciones que representan -y la política-, frente a la opinión pública. De ese razonamiento se desprende, que el argumento de Goye sobre las denuncias a la prensa “a título personal”, es improcedente y su accionar afecta algo más que su propia imagen y la de su signo partidario a nivel local. En política, los gestos y el simbolismo toman otra relevancia.

Es que los funcionarios públicos, deben validar y revalidar el rol social que les fue asignado, incluso mediante su proceder en el ámbito privado. Porque, por lo general, la esfera personal traza un certero correlato con la vida pública y la gestión de los servidores públicos. “Ser y parecer”, reza el dicho. Lo cierto es que los juicios de valor, las apreciaciones sobre la personalidad y accionar del funcionario en cuestión, no pueden excluirse del análisis periodístico. Ya sea, ese proceder, público o privado en la medida en la que pueda afectar aunque más no sea como antecedente, a los intereses del pueblo, actuales o futuros.

Según análisis de manual, el político actual “debe ser humanista, debe tener sensibilidad y alto sentido de la tolerancia. Más que nadie, el político está obligado a mostrar solidaridad con los grupos marginados y ser guardián de la pluralidad y la diversidad ideológica de estos tiempos. De tal forma, que la imagen política debe conectarse a formas de percepción ligadas a la emotividad de las mayorías”. Ciertamente, ése no es el plan de Goye, quien descuida su imagen y por tanto, su fuerza política, legitimidad de ejercicio y posiblemente, en el futuro, votos.

El supuesto pleno apego a la ley, al que apela el Jefe Comunal al decir que “un derecho de alguien termina, cuando comienza el del otro” -según palabras del Intendente- no debería ser tan simplista. Lo cierto es que los derechos de las personas deben coexistir, en tiempo y espacio. Y según opinó -en diálogo con ANB- el delegado de la Secretaría de Derechos Humanos de Río Negro en la Región Andina, Raúl Prytula, “ese tipo de latiguillos, apuntan a incumplir derechos ajenos”.

“Libertad de prensa es el publicar lo que uno desea sin censura previa, lo que no implica que lo publicado no esté sujeto a la legislación, vigente, ya sea civil, penal, etc.”, esbozó el intendente de los barilochenses en el comunicado oficial con el que buscó defenderse.

Según el jurista constitucionalista, Linares Quintana, la censura previa “designa toda acción u omisión dirigida a dificultar o imposibilitar, en forma directa o indirecta, mediata o inmediata, la publicación y circulación de la palabra impresa. Por lo tanto, además de la censura previa, propiamente hablando, queda interdicta por la ley suprema argentina, toda forma de restricción, comprendida en los términos expuestos”. Allí, en los términos de la censura previa, la libertad de expresión se vuelve un derecho absoluto.

En la práctica, la sistemática y generalizada persecución a medios puntillosos con el Gobierno, los comunicados y declaraciones públicas intimidantes -que amenazan insistir con la judicialización- resultan en un intento de censura previa, respecto de notas o expresiones futuras. Goye intenta así ejercer medidas de control preventivo sobre la libertad de expresión de los periodistas afectados -y sus futuras publicaciones-, pero también sobre el resto de la prensa, como una forma de aleccionar previamente y evitar los cuestionamientos y la crítica. En una misma línea, lo entendió el edil oficialista, Ramón Chiocconi, quien apuntó: “Judicializar la función periodística es peligroso, voy por éstos pero disciplino al resto, es un gran error”.

“Para todos los que creemos en la democracia, el periodista, la radio y quienes se solidarizaron con ellos, le quedan los tribunales, donde es que se debe defender los derechos que se creen vulnerados y solidarizarse con quien se ha sentido afectado”, amenazó el Intendente de Bariloche. Y franqueó sus verdaderas intenciones. Lo cierto es que las razones de Goye, para reprender y reprimir a la prensa, lejos están del entendimiento colectivo.

El último comunicado oficial del Intendente, enviado desde la Subsecretaría de Prensa Municipal, fue todavía más estremecedor. En el marco de la celebración del Día de la Democracia y los Derechos Humanos, el Jefe del Estado Municipal utilizó la significativa fecha y el comunicado oficial correspondiente, para ratificar su persecución a la prensa y aleccionar a quienes repudiaron su decisión de judicializar.

Así fue encabezada la gacetilla oficial: “...El Intendente quiere rememorar el significado que tiene para nuestros pueblos el concepto de Derechos Humanos ante desacertadas adhesiones y expresiones referidas a mis acciones judiciales como vulneradoras de la libertad de prensa. Es bueno que la opinión publica sepa que quienes se han manifestado en tal sentido, lo han hecho ignorando, lo que es la libertad de prensa y los derechos humanos de los que muchos hablan y pocos saben”.

Goye alegó que las personas y organismos que repudiaron su proceder, lo hicieron a través de “erradas adhesiones, desconociendo la verdadera esencia de la libertad de prensa y los derechos humanos, hechos más que preocupantes y reprochables, cuando su autoría, en su mayoría, fue vertida por quienes ocupan cargos públicos y que para quedar bien con la prensa los hizo quedar a contramano de la ley”. (Ver nota aparte de ANB sobre Jurisprudencia en materia de Derechos Humanos, libertad de expresión y antecendentes sobre la judicialización de la prensa).

Y prosiguió: “Más grave aún, que quienes institucionalmente dicen defender los derechos humanos, desconozcan cuáles son, llegando a condenar públicamente a quienes ejercen esos derechos, por lo que poco creíbles defensores de los mismos resultan”.

También consignó: “Quiero expresar que soy un ferviente defensor de la libertad de prensa, y de los Derechos Humanos, de la democracia y su división de Poderes”.

En el intento por desacreditar y desdeñar a los políticos, organizaciones y a la opinión pública por criticar su proceder contra la prensa, el Intendente de Bariloche ratificó que no es un “ferviente defensor de la libertad de prensa, y de los Derechos Humanos, de la democracia y su división de Poderes”. Es que torpemente, volvió a atacar la libertad de expresión de quienes no concuerdan con su pensamiento, y volvió a ejercer censura previa, al amenazarlos públicamente. Intentó así anular la pluradidad de voces y de ideologías, elementos básicos de la democracia, la libertad de prensa y de expresión. En su tentativa de interpelar a los defensores de los Derechos Humanos y contrarrestar su análisis, se victimizó. Intentó pasar de victimario a víctima. Pero en esa estrategia, prescindiendo de razonar, se deslegitimó. A confesión de parte, relevo de pruebas.

Con altura intelectual, y en claro tono sarcástico, Juan Bautista Alberdi dijo, citando a Beaumarchais: “Se ha establecido en Madrid un sistema de libertad que se extiende aun a la prensa. Con tal de que no se hable en sus escritos de la autoridad, ni del culto, ni de la política, ni de la ópera, ni de los espectáculos públicos, ni de personas que se refiera a cosa alguna, se puede imprimir todo libremente, bajo la inspección de tres censores”.