Primero intentó perpetuarse en el cargo de presidente aunque la ley se lo impedía, luego se autonombró vicepresidente y finalmente intentó judicializar una votación porque no podía ganarla.

Para despedirse, cuando la derrota asomaba por todos los puntos cardinales, un grupo de alrededor de 50 personas que le responde y que actuó con actitud de “patota”, tomó por la fuerza la sede del organismo en Salta y obligó a sus contrincantes aborígenes a escapar por los techos. Ayer, después de una insólita resolución, se confirmó oficialmente lo que el Ministerio de Derechos Humanos había negado 24 horas antes: Enrique Arello, vocal de la etnia guaraní, es el nuevo presidente del IPPIS. Es que esta historia, siempre asociada a la polémica, no podía terminar de otra forma que no rozara el papelón.

“No existió votación alguna. Se labró un acta con la voluntad que expresaron todos los vocales. Cinco de ellos sostenían que el presidente era Arello, porque lo eligió la mayoría. Pero los otros cuatro vocales dijeron que no iban a votar hasta conocer el resultado de un recurso de amparo presentado en la Justicia y que tiene que determinar si fue legal o no la elección hecha por esta minoría en la sede Tartagal”, dijo el martes, el secretario de Desarrollo Comunitario, Ricardo Echenique, dependiente del Ministerio a cargo de María Pace.

La consulta llegó luego de que los cinco vocales de la mayoría le confirmaran a El Tribuno que Arello había sido elegido presidente horas antes. Sin embargo, Echenique había afirmado que “El IPPIS sigue sin presidente hasta que se resuelva el amparo”.

Replicando el famoso axioma que indica que puede borrar con el codo lo que se escribe con la mano, en menos de 24 horas la versión oficial pasó a decir exactamente lo contrario a lo que afirmó. “El IPPIS tiene nuevo presidente elegido por la mayoría. Es Enrique Arello, vocal de la etnia guaraní”, redireccionó ayer la ministra Pace consultada por este medio. “Hubo un problema de interpretación, una confusa explicación de lo que pasó”, puntualizó la ministra. Además, El Tribuno tuvo acceso a una copia del acta que certificó el escribano público de la Provincia, Víctor Fernández Esteban y que tiene la firma de Ricardo Echenique, el funcionario que negó la existencia de la elección.

“Voto a Demi Sosa”, dice en el acta Calermo, en referencia al vocal toba que intentaba imponer como presidente de su facción luego de que se frustraran sus intenciones reeleccionistas. “No estoy de acuerdo”, aclaró de inmediato el dirigente wichi, que se otorgó una de las polémicas casas de madera que entregaron el año pasado a aborígenes de Santa Victoria Este y que sus dueños calificaron de inhabitables. En plena crisis habitacional colocó una de las 200 casas destinadas a gente sin hogar en el patio de su propiedad, construida de material, cuando hasta el momento se entregaron menos de 60. Además, el monto de las obras rondaría los $10 millones, pero no se conoció llamado a licitación pública.

El escribano ya notificó el resultado

“Una de las competencias de este Ministerio es el seguimiento de las políticas de desarrollo para las comunidades indígenas y también servir como vínculo jurídico e institucional con el IPPIS. Intervenimos para superar esta situación de indefinición en la que se encontraba el organismo. El Gobernador nos pidió volver a convocar a los vocales en asamblea de inmediato y eso fue lo que pasó ayer, ante la presencia del escribano de Gobierno. Ahí, cada uno expresó de manera individual su voto e íntima convicción. Es una formalidad que le devolvió institucionalidad al IPPIS para que pueda seguir funcionando. El escribano ya notificó esta decisión a los organismos públicos y privados, incluido el Banco Macro, que era uno de los pedidos de la nueva conducción”, dijo María Pace.

Sobre el amparo que había presentado ante la Justicia el sector de vocales que responde a Calermo, la ministra Pace informó que su Ministerio “no interviene en esa presentación judicial, sino que surge de la voluntad de algunos de los nueve vocales”. Además, dijo que no debe ni puede hacer futurología sobre una hipotética resolución judicial.