Tal como se esperaba, los empleados del ministerio de Obras y Servicios Públicos y de la secretaría del Agua y el Ambiente marcharon hacia la Legislatura provincial, en reclamo de la aprobación del proyecto de ley mediante al cual se amplía el presupuesto 2011 para la estabilidad laboral de más de 2.000 trabajadores.

Si bien como en toda marcha, el bullicio, las bombas de estruendo y los redoblantes estuvieron presentes, los insultos, los empujones con la policía y el nerviosismo también fueron parte de la caótica jornada.

Desde temprano, los manifestantes convirtieron el centro de la ciudad en un caos, en su paso lento a la Legislatura. En el lugar, los esperaban efectivos de la policía custodiando el edificio.

Ya frente al palacio legislativo, aproximadamente unos 500 empleados exigían a los diputados que traten el proyecto de ley en la sesión prevista para ayer. No obstante, ante la novedad de que no iba a realizarse la sesión por la ausencia de casi la totalidad del Interbloque, los ánimos de los trabajadores se caldearon aún más. A partir de ese momento, la tensión se tradujo en empujones y golpes con la policía, que culminó con un uniformado herido en el rostro, corridas, rotura de vidrios y prácticamente la destrucción total del recientemente parquizado jardín de la Legislatura, aparte del asfixiante humo de gomas quemadas.

Adentro, los empleados legislativos quedaron rehenes sin poder salir del edificio, por disposición de las fuerzas de seguridad.

Para no desentonar con su estilo controversial, minutos antes que el reclamo de Obras Públicas se intensificara, el presidente de Diputados, Luis Barrionuevo, había decretado el asueto para todo el personal del cuerpo, aduciendo “una amenaza de bomba”. Durante el resto de la jornada, no se supo más de él.

Mientras el clima se caldeaba a cada segundo, el bloque del Frente Cívico y Social se reunía para analizar la situación. De la intensión de bajar al recinto para dar muestras del interés de aprobar el proyecto, se pasó a la decisión de recibir a los empleados para escuchar sus reclamos y plantearles la situación de por qué no se sesionaba.

Fue el presidente del boque, Juan Pablo Millán, y el diputado Miguel Vázquez Sastre, los que salieron a la calle e invitaron a los manifestantes a reunirse con el bloque para intentar descomprimir la situación. En el encuentro, los empleados afirmaron que la protesta no era una cuestión política, y exigían a todos los legisladores que aprueben la norma. El propio presidente del bloque resaltó que aunque es voluntad del FCyS aprobar el proyecto, explicó que “para que sesione el cuerpo se necesitan 21 diputados, y en el FCyS somos 20”. En ese sentido, las críticas al interbloque estuvieron a la orden del día (ver aparte) por “querer dilatar la situación”, primeramente armando una agenda para citar a todos los titulares de las áreas involucradas que llegará hasta los primeros días de mayo.

No obstante, llevaron la tranquilidad a los empleados de que “su fuente laboral está garantizada”, porque si el proyecto no se aprueba en el periodo extraordinario, “en algún momento lo van a tener que tratar, la Legislatura no puede estar parada todo el año”.

Las explicaciones del FCyS no terminaban de convencer a los empleados, que pedían soluciones concretas y no tener que esperar que el proyecto se apruebe en algún momento del año.

La propuesta que partió del bloque frentista es resumir todas las convocatorias a los funcionarios del poder Ejecutivo para el próximo martes, e invitar a un grupo de empleados para que participe de la reunión conjunta de las comisiones de Hacienda y Legislación Social, para así poder sacar el despacho del proyecto y ser tratado el miércoles.

La idea del FCyS terminó de cerrar a los delegados de los empleados, pero no del todo a los manifestantes que esperaban afuera. En ese sentido, algunos proponían manifestarse todos los días hasta que se apruebe la ley. Ante esta situación y en una improvisada asamblea, se decidió llevar adelante desde hoy y hasta el martes próximo, un quite de colaboracion, y el mismo martes un paro total de actividades. Luego de que se realice la reunión de las comisiones, realizar una nueva asamblea, y en el caso de que no se cumplan sus exigencias, marchar y endurecer aún más el reclamo.

Catarsis, acusaciones y amenazas

El encuentro entre los empleados y los diputados del Frente Cívico también tuvo sus momentos de tensión. Los empleados plantearon a los legisladores, la urgencia de aprobar la norma, más allá de las diferencias políticas que pueda haber entre los bloques.

Aún así lanzaron fuertes críticas contra los integrantes del Interbloque que “teniendo la mayoría no quiere tratar y aprobar este proyecto”.

En ese sentido, resaltaron que “esta situación no da para más. Tenemos que defender el futuro de nuestras familias por lo que sí o sí tenemos que manifestarnos”.

Asimismo, cuestionaron a los diputados frentistas porque “esta situación tendría que haberse resuelto hace tiempo y no llegar a esta circunstancia”.

Los empleados también lanzaron críticas en contra del nuevo gobierno, al sostener que “no cumplen con la palabra, nos tuvieron de un lado para el otro muertos de hambre, engañados. Tenemos la esperanza de que esta situación cambie, pero como viene la situación, parece que todo va a ser lo mismo”.

La palabra frentista

Por el lado de los diputados frentistas, las críticas al interbloque no se hicieron esperar y el presidente del FCyS afirmó que “no hay voluntad política para aprobar el proyecto y nadie da explicaciones de lo que pasa”.

El diputado Miguel Vázquez Sastre señaló que el proyecto del Ejecutivo “no fue una cuestión electoral, sino para darle soluciones a ustedes, pero jamás pensamos que desde el Interbloque se iban a poner en contra de esta medida justa y de tanto impacto social”.

Silvina Tello, por su parte, indicó que desde Nación se está al tanto de esta situación y que “la Presidenta está ansiosa con sus abogados para ver la posibilidad de intervenir la provincia”.

José “Chichí” Sosa afirmó que esta situación es “política” y desde el interbloque lo único que se está buscando es dilatar el tema. “Hay que dejar de buscar excusas. Está claro que la gobernadora electa dio órdenes para que no se dé el número y no se trate este proyecto”.

Rubén Herrera cuestionó que desde el Interbloque se diga que cuando finalice una obra los contratos deben vencerse.

Por su parte, Marita Colombo señaló que desde el FCyS “vamos a aceptar todas las responsabilidades que nos compete. Acá no hay gato encerrado, pero no podemos sesionar en una caldera, hoy no tenemos una solución concreta, pero la estamos buscando. Pedimos por favor preservar la paz social y evitar estas manifestaciones en donde por los enfrentamientos puede haber heridos”.

Explicaciones sobre un “Estado paralelo”

El presidente del bloque frentista salió la cruce del Interbloque que le recomendaba al Ejecutivo que use el cupo de más de 1.500 empleados, que fue aprobado en el presupuesto actual para incorporar a los trabajadores de Obras Públicas, y de esta forma evitar tener que aprobar este nuevo cupo de empleados. Millán dejó en claro que en realidad esos 1.600 cargos que se aprobaron en el presupuesto “están destinados a áreas específicas, y eso el Interbloque lo sabe”.

“En el presupuesto está estipulado que ante la demanda creciente, se iban a incorporar agentes en áreas sensibles como Salud, Educación y Seguridad”, señaló el titular de la bancada frentista, a lo que agregó que “lo de estos empleados es una situación distinta. No es que se puede derivar empleados de Salud a Obras Públicas”.

Por su parte, el diputado Pablo Sánchez respondió las denuncias de un “Estado paralelo”, donde por afuera de lo presupuestado se nombraba personal y se le otorgaba un recibo de sueldo “trucho” a personal que no era de planta.

Sánchez señaló que en esos recibos de sueldo se establecía cuál era la obra donde trabaja el empleado, y el tiempo en que estaría afectado. “El interbloque se equivoca en cuestionar esto, porque es lo que corresponde, ya que los trabajadores están contemplados en el estatuto del personal de la administración pública”, fustigó.

Señaló que la situación de los empleados “es completamente legal”, y que están presupuestados en 2011, y que “lo único que hay que hacer es el pase de personal transitorio a personal contratado. Son 80 millones de pesos que están en el presupuesto para el pago de obra por administración”.

La palabra del Interbloque

Contradiciendo al ministro de Hacienda Mamerto Acuña, que dijo a LA UNION que “se llegará a fin de año tranquilos con las finanzas provinciales”, el diputado justicialista Jorge Moreno alertó que el aumento de la planta de empleados del Estado en forma permanente pondría en “riesgo” al resto de los trabajadores de la administración pública provincial. Puntualmente, el legislador provincial aseveró que el sobredimensionamiento de la plantilla salarial de la provincia, “pondría en riesgo a los actuales empleados, porque el Gobierno llegará a un momento en el que no podrá afrontar el pago de sueldos”. Moreno calificó de “perverso el accionar del Frente Cívico y Social, que tomó de rehenes a estos trabajadores a los que les prometió algo que sabían que no podían cumplir. Y ahora, tratan de evadir su responsabilidad política transfiriendo sus irresponsables promesas de campaña en el FPV”.

“Malentendido direccionado”

Por su parte, el diputado justicialista Roberto Perrota responsabilizó al Ejecutivo provincial de la situación en que desembocó el conflicto con los trabajadores que desempeñan tareas en el ministerio de Obras y Servicios Públicas y la Secretaria del Agua y el Ambiente.

Para Perrota, hay un “malentendido direccionado”, y sostuvo que el reclamo los trabajadores “lo tienen que hacer en Casa de Gobierno y no en la Legislatura”.

El legislador justicialista sostuvo que “cada uno debe hacerse cargo de los problemas que genera puertas adentro”, en alusión a que el conflicto “nació, creció y se desarrolló por la irresponsabilidad del Ejecutivo provincial”.

Extensión de extraordinarias

Ante la imposibilidad de tratar los proyectos de ley de la ampliación presupuestaria para la incorporación de personal contratado y el 82 por ciento móvil para todos los jubilados hasta el 31 de marzo, el Ejecutivo provincial, a través del decreto 130/11 del ministerio de Gobierno y Justicia, decidió extender el período de sesiones extraordinarias hasta el 13 de abril. El decreto se hizo conocer en la reunión del FCyS con los empleados.