Aranda dice que el aumento especial para los jueces es discriminatorio

El aumento salarial diferenciado que habrían logrado magistrados y funcionarios del Poder Judicial, con una recomposición que sería de entre el 40 y el 60%, sigue dando que hablar. Ayer, la secretaria general del Sindicato de Empleados, Graciela Aranda, advirtió que la medida es “discriminatoria e improcedente” y señaló que contraría a la “ley de enganche”, de la cual recordó que “está plenamente vigente”.
En un comunicado, el SEJCH dice que mientras tanto mantiene las tratativas con las autoridades provinciales por considerar que el aumento del 20% -en dos etapas- ofrecido a los empleados es insuficiente. “Si bien la propuesta salarial ofrecida hasta ahora por el gobierno, no satisface, el objetivo es mejorar cuanto antes la situación actual, a fin de atender las necesidades básicas que urgen a nuestros compañeros”, dice.

Nada cerrado

“El SEJCH, viene trabajando con responsabilidad y seriedad planteando la situación real de los trabajadores judiciales, y esto le consta a las autoridades. Nada de lo propuesto se ha cerrado ni firmado. Por ello el SEJCH pretende avanzar en el tema salarial a fin de que se obtengan respuestas esta semana, de lo contrario estaremos en condiciones de retomar las medidas de fuerza”, advirtió.

“Con respecto al aumento diferenciado anunciado en forma provocativa por la Asociación de Magistrados y Funcionarios, que según manifestaron podría darse en concepto de ‘responsabilidad funcional’, este sindicato manifiesta firmemente que la Ley de Enganche se halla plenamente vigente, y que la responsabilidad también le es exigida al empleado en todas sus categorías, ya que también tiene la custodia sobre los bienes, y documentos del Poder Judicial”, indica.

Luego señala que ello “se puede corroborar con el elevado número de sumarios que pesan sobre los empleados, tantos administrativos, como ordenanzas, ya sea por la demora en un trámite ante el cúmulo de tareas ante los miles de expedientes, o extravío de alguna documental, cuando se aplica el Reglamento Interno por “falta de contracción al trabajo”, o por “la pérdida de confianza”, para sancionar a los empleados”.

“Esta actitud discriminatoria e improcedente nada tiene que ver cuando en algún momento se habla del trabajo en ‘equipo’ o de la ‘familia judicial’. La Ley de Enganche está vigente y la responsabilidad es compartida, por lo que el pago de la misma también corresponde a los trabajadores” , plantea la titular del SEJCH.

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