La Unión Industrial de Córdoba (UIC) manifestó ayer su «profunda preocupación» por los efectos perjudiciales del aumento de la presión impositiva proyectada por el gobierno de José Manuel de la Sota para 2015, posición a la que también se sumó la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apymes).

Es la primera vez que la UIC sale a criticar a De la Sota, ya que hasta hace días participaron de reuniones en El Panal, donde el gobernador hace gala del «diálogo» que mantiene con todos los sectores para atacar al Gobierno nacional.

La UIC, que encabeza Fernando Sibilla, alertó que el aumento de la presión fiscal, a la que califica como «desmedida» y «sin precedentes», tendrá «un fuerte impacto» sobre «la actividad industrial, el empleo formal y la inversión».

«Esto agudiza la pérdida de competitividad del sector manufacturero en tiempos donde la actividad económica e industrial acumula varios meses de caídas consecutivas. Seguimos bregando por una alícuota cero en Ingresos Brutos para la actividad industrial o, en su defecto, la elevación de los mínimos no imponibles a valores equivalentes a los que tienen provincias similares», expresó el dirigente.

La UIC insistió en el mismo sentido: «En momentos en que Córdoba y el país necesitan potenciar su competitividad, los incrementos impositivos previstos para 2015 serán fuertemente perjudiciales no sólo para el sector, sino también para la actividad en general».

“Cordobesismo”

Por su parte, desde Apymes dijeron que Córdoba sigue “al frente de las jurisdicciones con más desempleo, va en primer lugar en materia de aumentos tributarios, tasas y tarifas, y es la provincia con más nivel de endeudamiento de su sector público”.

“En síntesis, un Estado provincial que sigue una línea de gobierno ajena a los intereses de la mayoría de la población, escuchando sólo a quienes siguen haciendo negocios y, por lo tanto, corresponsables de este estado de situación provincial atentatoria de la competitividad de las Pymes, de su industria, comercio, servicios, y que restringe la capacidad de consumo de la población”, establece un comunicado de prensa.

“A las pymes no nos es indiferente el sentido de construcción del destino de nuestra provincia, ya sea como una isla hace unas décadas, o, actualmente, con un supuesto “cordobesísmo” que nos aísla del país. Eso no ocurre con otras provincias en sus relaciones con el poder central, al margen de sus diferencias políticas”, razón por la cual llamo al Gobierno de Córdoba a “dar marcha atrás en el aumento a la tasa vial por ser irracional e inconstitucional, pues no es una tasa sino un impuesto que se superpone con otros de orden nacional, como lo definió tiempo atrás el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba en un dictamen muy enjundioso”.

A su vez, retrucó los argumentos que lanzó el oficialismo desde el  Ersep acerca de la racionalidad de los aumentos solicitados por Epec y Aguas Cordobesas, porque revelan la existencia de un organismo de control sumiso a todo pedido de incrementos, cuando debiera poner, en primer lugar, la defensa del público consumidor y de sus empresas, particularmente de sus pymes. La desinversión en materia de energía eléctrica y la súper-rentabilidad de la empresa privada de agua están en cuestión”.