Un grupo de organizaciones de derechos humanos, concejales justicialistas y dirigentes del kirchnerismo responsabilizaron ayer directamente al gobernador José Manuel de la Sota por los casos de abuso policial que se denunciaron en las últimas semanas en Río Cuarto. Incluso, le enviaron al mandatario un pedido de informes para que detalle qué pasó y quiénes fueron los jefes en el operativo realizado en un domicilio de Bariloche y Quena y que implicó la irrupción de personal policial, sin orden de allanamiento, en una casa de familia donde había niños.

La iniciativa -que estuvo avalada por el Registro Municipal de Demoras y Detenciones por Contravención, la Comisión de la Memoria, la delegación local de Anses, Hijos Río Cuarto, y por los concejales justicialistas Osvaldo Da Costa, Daniela Miranda y José Barotti- tuvo como hecho disparador el allanamiento del 29 de enero de este año en el domicilio de Bariloche y Quena y que fue muy criticado por las organizaciones de derechos humanos.

Pero en la conferencia de prensa que se brindó ayer en el Palacio Municipal, los cuestionamientos trascendieron al operativo puntual y alcanzaron a la política de seguridad del gobierno de De la Sota. Criticaron que los operativos de saturación deban terminar necesariamente con detenciones, que en esos operativos se termine aplicando el criterio de la “portación de rostro” y que al menos la Policía de Río Cuarto termine criminalizando la pobreza. Dirigentes del kirchnerismo relataron, incluso, que hay ciudadanos de Río Cuarto que por el hecho de tener otra nacionalidad o por vivir en un sector determinado de la ciudad tienen prohibido llegar, por ejemplo, al centro.

Luciano Giuliani, de la Comisión de la Memoria, relató que en el operativo del 29 de enero participaron entre 15 y 20 policías armados con itakas. “Los efectivos ingresaron al domicilio, sin orden judicial, sacaron a 11 personas, las tiraron en el piso, las golpeaban mientras las familias veían esa escena. Se golpeó a menores. En total, 8 fueron llevados a la comisaría y 5 fueron liberados a las pocas horas. A estas personas se les aplicaron los artículos 51 y 52 del Código de Faltas. Es decir, se los acusó de escándalo y disturbios en la vía pública a pesar de que estamos hablando de un allanamiento en un domicilio”, indicó Giuliani.

Con respecto a la versión de que la Jefatura de Policía les impone a los agentes un número mínimo de detenciones por día y de la aprehensión de todas las personas a las que los efectivos vean en la calle y consideren sospechosas, el coordinador de la Comisión de la Memoria dijo: “Estamos totalmente en desacuerdo con ese paradigma de seguridad. Trabajamos por la inclusión social y el mecanismo de generar exclusión lo único que hace es criminalizar la pobreza y potenciar una escuela de delincuencia”.

Los que firmaron el acta señalaron que debe ser el propio gobernador el que explique la política de seguridad por ser la máxima autoridad provincial. “La autoridad política es el gobernador y es quien debe dar respuesta. La autoridad policial es sólo administrativa y de lo que se trata es de discutir el modelo de seguridad. Lo que no debemos dejar pasar, y por eso debe dar explicaciones el gobernador, es haya una fuerza policial que en democracia entre a un domicilio, cargue una itaka y amenace a una madre con su bebé en brazos. Estas son postales de la dictadura que no queremos ver. Y sobre esto no debe dar respuesta un jefe administrativo sino el gobernador”, indicó Giuliani.

“Portación de rostro”

Quien habló en representación de los concejales justicialistas -más precisamente de los que están alineados en el kirchnerismo- fue Osvaldo Da Costa, quien cuestionó con dureza la política de seguridad de la gestión delasotista.

“Interpreto que lo que sucedió es que se ha profundizado una política de seguridad que, por cierto, apoyándose en un Código de Faltas que tiene contornos autoritarios tiende a considerar sospechosa a aquella persona que porta un rostro determinado. Eso es lo que estamos pidiendo que se revea y, por eso mismo, es que la decisión es hacer la presentación ante la autoridad máxima de la Provincia”, manifestó Da Costa.

Y señaló: “Si frente a una publicación periodística que señala que las autoridades de la Departamental justifican un operativo de saturación y declaran que ese tipo de operativos debe terminar necesariamente con detenidos, sin fundamentar cuáles son las razones por las cuales se detiene a personas que no tienen nada que ver, evidentemente quien tiene que responder es la máxima autoridad política, que avala este tipo de accionar”.

Da Costa reprochó que el gobernador ni siquiera haya mencionado durante su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura la posibilidad de reformar el cuestionado Código de Faltas cordobés.

“En Río Cuarto se sigue generando el problema de portación de rostro y tiene que ver, incluso, con la nacionalidad de alguna gente que es amedrentada para que no se presente en determinados sitios de Río Cuarto”, dijo el concejal.

Denuncian que se obstruye una investigación sobre la dictadura

Marcelo Sain, diputado provincial bonaerense por Nuevo Encuentro y ex interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), denunció que el gobierno de Córdoba "tiene la actitud de obstruir todo tipo de investigación sobre la D2 (Dirección de Inteligencia Provincial)", acusada de asesinatos durante la última dictadura militar. El último fin de semana, el jefe de la Policía de la provincia de Córdoba, Ramón Frías, fue denunciado por amenazar de muerte a Julio Giménez, comisario retirado que investiga el asesinato de su padre por parte de la D2 en 1976. En este marco, Sain también aseguró a Télam que el ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, "Alejo Paredes tiene estrechas vinculaciones con los viejos jefes de la D2" y remarcó que la policía de Córdoba "es una de las más retrógradas y militarizadas de la Argentina".