El bloque justicialista le llevará expedientes al fiscal Guzmán para que determine si el gabinete de Jure actuó mal al definir los pagos extra a la empresa mixta
Las pruebas le serán aportadas al fiscal Walter Guzmán, que se hizo cargo de la investigación después de que Julio Rivero debiera apartarse.
"El Ejecutivo está en una encerrona. No usa las herramientas para cancelar la cuestión de los mayores costos y aún no sabemos si eran los 7,5 millones de Guillermo Mana (secretario de Economía) o los 5 del Tribunal de Cuentas. El intendente tiene la potestad de insistir con su cálculo mediante la firma de todos los secretarios o aceptar la cifra del Tribunal. Pero no quiere dejar a su secretario de Economía al borde de la imputación. Nosotros, con la ordenanza que se aprobó hoy, más el proyecto que envió el Ejecutivo y todas las actuaciones por los mayores costos, haremos un paquete e iremos a la Justicia para contribuir con el fiscal", anunció en plena sesión Víctor Núñez, jefe del bloque justicialista.
La causa
En julio de este año, el cálculo de los mayores costos, que siempre fue problemático, terminó generando una fuerte polémica y hasta derivó en una causa judicial. En mayo, Guillermo Mana había señalado que, después de aplicar la fórmula polinómica que aprobó el Concejo, llegó a la conclusión de que a Gamsur le correspondían 7,5 millones de pesos en concepto de mayores costos. Pero, en julio, el Tribunal de Cuentas, que había hecho una auditoría durante tres meses, señaló que, en realidad, no se podían pagar más de 5 millones de pesos. Los dos montos estaban, de todos modos, muy lejos de los 12,6 millones que reclamaron los socios privados de la mixta.
Con esas tres cifras en la mano, Eduardo Scoppa, de la Coalición Cívica, y Enrique Novo, del FreGen, fueron a la Justicia y pidieron una investigación para determinar si existió un delito contra el Municipo. Al final, Rivero terminó imputando por intento de fraude a la administración pública a los empresarios Alcides Capello y Juan Carlos Masoero y por incumplimiento de los deberes del funcionario público a Martín Abasolo, que fue presidente de la mixta. La instrucción de Rivero sólo alcanzó a 2008 y aún resta investigar los años anteriores.
Ahora, el PJ pone en tela de juicio la actuación del gobierno de Jure, que jamás definió en un acto administrativo si insiste con los 7,5 millones de pesos o si se queda con los 5 que calculó el Tribunal de Cuentas.
Por eso, Núñez dijo que el peronismo aportará documentación. Le entregará a Guzmán las resoluciones del Tribunal de Cuentas y de la Secretaría de Economía el proyecto que envió el Ejecutivo para el salvataje financiero y la ordenanza que se aprobó ayer.
El jefe del PJ indicó que, en el proyecto que envió al Concejo, el gobierno de Jure terminó aceptando los 5 millones de pesos que fijó el órgano de control y abandonó la pretensión de 7,5 millones que Mana firmó en una orden de pago.
"Hay un trámite administativo que está inconcluso. El fiscal deberá expedirse lo que corresponde hacer", manifestó el jefe del bloque del justicialismo.
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