Que no entre nadie hasta que no estén terminados. Esa es la idea. Los diez barrios que el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) pidió proteger serán entregados a más tardar en abril del 2011, aunque uno de ellos tiene prevista su terminación en los próximos días. Debido a esto, el IPV ha puesto la mira en ellos y en el temor cada vez más creciente de que personas sin techo decidan usurparlos, más aún luego de que se conociera que un grupo de vecinos, encabezados por un cura, quiso tomar un terreno para levantar viviendas en el lugar.

Ante ese temor, el director del IPV, Carmelo Simó, tal como había adelantado El Sol, anunció que se reforzó la seguridad en los barrios en construcción cercanos a zonas rojas y que se les pidió a las empresas constructoras que contraten más custodios, y agregó una nueva solicitud, y es la de que los alambrados que rodean las construcciones, en los casos en que hayan sido dañados, sean reparados.

SANCIONES. Por un lado, el IPV decidió apostar a las propias fuerzas de seguridad, pero, atento, a la posibilidad de que no alcance con las rondas policiales, el organismo también les solicitó a las empresas que refuercen la seguridad de los barrios hasta que estos sean entregados. No obstante, las empresas constructoras pueden decidir no contratar más personal de vigilancia que controle los barrios en construcción durante todo el día. Ante esa elección de las empresas, Simó largó una advertencia. “Las empresas tienen, por contrato, que entregar las obras sin ningún tipo de problemas, si no lo pueden hacer, en los pliegos están previstas sanciones económicas, multas por día de atraso en la entrega de la obra”, afirmó el funcionario, y adujo que “a las empresas les conviene más pagar un sistema de seguridad antes que pagar la multa del IPV, que es muy onerosa, ya que es un porcentaje del valor de las obras”.

El director del IPV también explicó que los empresarios, en barrios donde el alambrado ha sido roto por los vecinos, deben arreglarlo. Este es el caso de las construcciones ubicadas en el oeste de Godoy Cruz, en las que ayer, en una recorrida hecha por El Sol, se pudo observar la presencia de personas ajenas a las obras. En este sentido, Simó explicó que allí se deberá reconstruir el alambrado y cumplir con la custodia, porque las personas que viven cerca del barrio utilizan el predio como lugar de paso.

LOS PRIVADOS. En cuanto a la posible toma de un terreno en San Roque (ver aparte), que puede llevar a que las amenazas se repitan en otros lugares, Simó explicó que, en caso de que los terrenos tengan un dueño, los problemas “deben resolverlos” estos. No obstante, el funcionario indicó que “la comunidad no debe cometer un delito para acceder a una vivienda. El camino es a través de la organización y entrar en un proceso que tarda un tiempo, como una cooperativa”, y agregó: “Les estaríamos dando un mal mensaje a la comunidad y a los vecinos que esperan una vivienda si hoy dejáramos de atender a estos últimos para darles atención a quienes quieren tomar un terreno”.

La situación en San Roque

Ante la posibilidad de que un grupo de personas tome un terreno en San Roque, ayer hubo una reunión con la comisión de vecinos para que desde hoy comiencen a ser censados en grupos de 30 familias. Una asistente social relevará las necesidades, pero por ahora no habrá solución de emergencia para la construcción de viviendas.