Este jueves la Legislatura rionegrina aprobó el proyecto de ley que dejó sin efecto la venta de 32 hectáreas de tierras en El Bolsón. “Terminamos con un negocio especulativo y cumplimos con un mandato político y electoral”, afirmó César Miguel, titular de la Comisión Investigadora, acerca de la operación que se concretó en 1997. Las mismas tendrán como destino planes de viviendas sociales.
La ley es producto de la tarea realizada desde la Comisión Investigadora para el relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales que preside el legislador César Miguel (FpV), quien manifestó su “satisfacción” por la aprobación que deja sin efecto los actos administrativos que generaron la venta de 32 hectáreas de “alto valor paisajístico e inmobiliario en El Bolsón”.
Las tierras se ubican en la zona de Mallín Ahogado, al norte del casco urbano, y la provincia deberá realizar los pasos administrativos inherentes para que las mismas se inscriban a nombre de la Municipalidad de El Bolsón “con destino a planes de viviendas sociales de esa localidad y actividades productivas”.
Según se explica en los fundamentos de la norma, las tierras fueron adjudicadas por la Dirección de Tierras de la Provincia a una persona que, según las normas vigentes, no reunía los requisitos necesarios para ser adquiriente, entre otros impedimentos porque ya era propietario de 10 hectáreas en El Bolsón, no residía en las tierras adjudicadas ni las explotaba debidamente según lo exige la ley de Tierras.
“El precio de venta resulta irrisorio y vil, teniendo en cuenta que no se trata de un poblador de años de residencia, sino un nuevo adquiriente de tierra fiscal que comenzó a ejercer la posesión sobre el predio recién en el año 1997”, se explicó oportunamente, y se cuestionó el precio de venta de la tierra fiscal adjudicada y escriturada. El adquiriente la obtuvo por 25.948 pesos, a 867 la hectárea, y fue bonificado por pagar al contado.
Para Miguel “ésta ley, así como la que restituyó a la esfera provincial 24 mil hectáreas en la Meseta de Somuncurá, constituye la reacción política ante un hecho fraudulento y malintencionado, priorizando la soberanía territorial y la justicia social por sobre los negociados espúreos”.
“El parlamento rionegrino ha ejercido un estricto acto de justicia, remendando un grosero accionar de las anteriores autoridades provinciales, desde el gobernador hasta los ministros del área y los responsables de la Dirección de Tierras”, agregó en un parte de prensa.
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