En una jornada considerada "histórica" tanto por el oficialismo como por la oposición, se aprobó de forma unánime la que desde ayer es la primera ordenanza intercultural del país, para la regulación urbana y ambiental de un espacio comunitario entre vecinos y una etnia nativa como la mapuche Curruhuinca.

Se trata de la transferencia de unas 100 hectáreas al dominio municipal para el desarrollo de servicios y el futuro barrio intercultural, de un total de 400 restituidas por ley de la nación a la comunidad Curruhuinca y que estaban bajo jurisdicción del parque Nacional Lanín.

La misma legislación promueve la institucionalización de una mesa de diálogo permanente entre las distintas partes, para el manejo de una agenda común sobre la interculturalidad y el llamado "Lote 27" del paraje Trompul. La primera reunión con el municipio fue fijada para el próximo 28.

El intendente Juan Fernández asistió a la sesión en las colmadas instalaciones del Deliberante, donde el pleno del cuerpo dio su aprobación al proyecto y arrancó un sostenido aplauso de la concurrencia.

Fernández dijo que la ordenanza es la "concreción en los hechos de lo que dice nuestra Carta Orgánica, que declara a San Martín de los Andes como municipio intercultural. Es una nueva alianza, que apunta a reconstruir valores en una relación (con los pueblos originarios) que ha sido traumática en nuestra historia común".

A su turno, el lonco Ariel Epulef reconoció el trabajo realizado y la predisposición de todas las partes, en "este camino que hemos iniciado para la restitución de derechos".

La comunidad Curruhuinca mantenía históricos reclamos sobre ese sector del paraje Trompul, restituido en 2011 por ley federal.

La ordenanza también hace reserva de un espacio para la construcción de un albergue estudiantil, a la vez que proyecta el traslado de la EPET 21, previo acuerdo con el Consejo Provincial de Educación.

Las negociaciones en ese sentido aún no están concluidas, ya que la provincia tiene interés en llevar la 21 a un predio de la Vega.

Ese colegio actualmente funciona en dos espacios alquilados por el CPE.

Conviene señalar que el barrio intercultural proyectado, que demandará una inversión estimada en 55.000.000 de pesos para 250 soluciones habitacionales, será el primero en su tipo de propiedad comunitaria entre una etnia aborigen y una asociación civil como la local "Vecinos sin Techo y por una Vivienda Digna".