El Concejo definió ayer el destino de las últimas tierras pendientes de urbanización en Rosario. Los ediles aprobaron el Plan Especial de Desarrollo Urbano y Social Parque Habitacional Bouchard que abarca unas 380 hectáreas en Nuevo Alberdi.
En la última sesión del año, y tras más de dos horas de debate, la propuesta del Ejecutivo fue avalada por quince concejales, frente a otros cinco que se opusieron. La flamante ordenanza regulará nuevos usos de la tierra en una porción de la zona noroeste de la ciudad que hasta hace años era inundable, y quedó habilitada para nuevos emprendimientos después de concretarse una serie de obras hidráulicas encaradas por el gobierno provincial.
Uno de los ejes del debate fue, precisamente, quién se apropiaba de la denominada plusvalía urbana generada por la intervención estatal, en medio de la puja entre desarrolladores inmobiliarios y habitantes históricos del territorio que tuvo su pico de tensión meses atrás cuando se denunció la venta de lotes, pese a no estar autorizado por el municipio.
El oficialismo reiteró que no habrá desalojos producto de las urbanizaciones autorizadas y además destacó la importancia de la concertación público-privada y remarcó que se preservarán unas 90 hectáreas para uso público.
El plan comprende un área de 380 hectáreas delimitadas por las calles Milicianos Rosarinos, Alvarez Condarco y Salvat y por el canal Ibarlucea. Se admitirán como nuevos usos viviendas residenciales, vivienda de interés social para las familias que actualmente ocupan los predios, hotel, apart hotel, alojamientos para delegaciones deportivas, clubes, comercios y emprendimientos productivos.
De acuerdo a estimaciones del municipio, se levantarán unas cinco mil viviendas para sectores sociales de bajos recursos y de sectores medios. Los urbanizadores deberán donar suelo para la ejecución de trazados de calles y avenidas, espacios públicos y áreas destinadas a emprendimientos de carácter social.
Faltas más caras
Por unanimidad los ediles avalaron ayer el incremento de las multas para las infracciones de tránsito. De acuerdo al proyecto del Ejecutivo, modificado parcialmente por el cuerpo, los montos de las sanciones se triplicarán. Así, quienes crucen el semáforo en rojo o superen la velocidad máxima permitida pagarán hasta 2.400 pesos.
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