Para contrarrestar los sitios de carga y descarga ilegal de piedra, el Concejo Deliberante avanza en la formulación de una ordenanza que procura regularizar la actividad, en tanto se prevén duras sanciones a los infractores.

El concejal Atilia Magnasco (UCR), presidente de la Comisión de Producción del deliberativo, señaló a LA VOZ que el último jueves, en conjunto con la comisión de Tránsito, se arribó a un importante consenso para sacar la ordenanza, quizás por unanimidad, en la próxima sesión, del 14 de octubre.

Esta propuesta, que surgió del Departamento Ejecutivo, resulta un "paso muy importante" para la fiscalización de los lugares sospechados por la recarga clandestina, acción que luego deriva en el deterioro de calles y rutas.

La herramienta legislativa habilitará a los inspectores municipales para que ingresen a las playas de recarga -sin orden judicial- y verifiquen si se respetan los pesos permitidos por la ley.

Entre los contenidos de la legislación, se establece que los empresarios deberán incorporar una balanza obligatoria, homologada por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

Así, será prohibida "toda actividad de carga y descarga de materiales pétreos que no estén habilitada".

Además, estos puestos deberán estar instalados en la zona establecida por el Plan de Ordenamiento Territorial.

"Tendrán que disponer de una balanza, para hacer un control estricto y medir si cumplen con cargas máximas permitidas", dijo Magnasco.

Del mismo modo, los predios deberán contener un cerco perimetral, iluminación y sanitarios para empleados, entre otras cosas. "Es una forma de poner en regla la actividad", manifestó el edil.

Por eso, "quienes no cumpla con las condiciones y suministren carga a los camiones que salen con sobrepeso, serán clausurados, por ahora no se discute nada sobre instancias previas. Luego eso puede determinarse mediante la reglamentación de la ordenanza", consideró.

Los lugares no habilitados podrían sufrir el cierre definitivo y "multas elevadas, que llegan a 10.000 unidades fiscales, lo equivalente a unos 40.000 pesos".

También se prevén sanciones para los lugares habilitados que no cumplan con las exigencias, por ejemplo, si deja de andar la balanza.

Si se localiza a vehículos con exceso de piedra, saliendo de estos sitios, se labrarán "multas y se clausurará el lugar por 30 días, pues serán responsables solidarios el chofer, el propietario del camión y el responsable del sitio de carga", añadió Magnasco.

Los concejales buscan así "terminar con la práctica de la carga de piedra que produce tanto daño a las rutas".

Cabe señalar que la normativa atiende a la gran cantidad de denuncias vecinales donde se señalan lugares utilizadas para la práctica clandestina. "Hubo muchas denuncias, y queremos transmitirle a la gente que esta ordenanza se va a sancionar", recalcó Magnasco.

En consonancia con este proyecto de ordenanza, y por carriles paralelos, avanza el edil Néstor Auza (PJ-FPV) con su proyecto de resolución para trabajar junto a municipios vecinos y la Provincia en las acciones de contralor en las rutas.