El vicegobernador Carlos Ciurca confirmó que quedará al frente de la provincia el martes por un viaje de Paco Pérez. Como consecuencia, la conductora del Senado ese día será Miriam Gallardo, un miembro del bloque oficialista.

El dato sería más o menos irrelevante si no fuera que por estas horas justicialistas y opositores cuentan de a uno los votos para saber si Mendoza será la primera provincia kirchnerista que se une al reclamo judicial de fondos que retiene ANSES gracias a un viejo acto fiscal cuya legalidad está cuestionada.

El proyecto de la UCR obliga al gobernador Paco Pérez a iniciar un juicio millonario ante la Corte Suprema de la Nación, cifrado en unos 2.800 millones de pesos, debido a que considera que la continuidad del pacto que condena a Mendoza a recibir un 15 por ciento menos de coparticipación federal está caído desde el año pasado.

Según voceros radicales, la cuenta de votos opositores en la Cámara Alta para sancionar el proyecto suma 19.

El mismo número de votos dicen tener los peronistas y sus socios, pero es allí donde el viaje de Pérez cobra importancia: si pierde uno, la oposición estaría en condiciones de sancionar el proyecto.

La estrategia de levantar la sesión para evitar la derrota ya fue el arma del oficialismo el martes pasado, aunque este fin de semana el vicegobernador prometió que el peronismo "va a dar el debate el martes".

Lo cierto es que el Senado quedará virtualmente paralizado hasta que este asunto no se discuta, ya que su definición quedó trunca la semana anterior. "El proyecto sigue en el orden del día y si no se trata, lo único que podemos hacer en el recinto es izar la bandera", explicó el radical Juan Carlos Jaliff.

Defensa y ataque. El peronismo buscará evitar un mal trago con Cristina con dos argumentos. Uno se asienta en la cláusula octava del pacto fiscal de 1992, que dice que "las Provincias y la Nación se comprometen a seguir financiando mancomunadamente el Régimen Nacional de Previsión Social, por lo cual se asegurara el descuento del 15 % de la masa de impuestos coparticipables hasta tanto no exista un nuevo acuerdo de partes o una nueva Ley de Coparticipación Federal".

Para el PJ este párrafo demuestra que el Pacto Fiscal tiene cuenta con una prórroga tácita y no es ilegal. Pero el radicalismo sostiene que la continuidad de los recortes en contra de las provincia desde 2011 hasta 2015 no fueron nunca avalados por el Congreso y la Legislatura. "¿Si no se necesitaba ratificación, por qué antes se sancionaron leyes?", se preguntó Jaliff. Precisamente durante su gestión como vicegobernador, en 2007, se ratificó (vía presupuesto provincial) el pacto con la Nación.

El otro elemento de defensa del oficialismo es la división de poderes. Según el PJ, la Legislatura no puede obligar al gobernador a entablar un juicio con la Nación pues un poder no tiene la facultad de dictar una orden a otro. Pero para este argumento también hay una respuesta. "La Constitución dice que todos los bienes de la provincia tienen que ser dispuestos por ley. Se puede dar esta instrucción al gobernador, porque la Legislatura dispone de los fondos coparticipables, que son un patrimonio de los mendocinos", analizó Jaliff.

Desapareció el "contraproyecto" del PJ. En esta discusión, la Legislatura vivió la auténtica desaparición de un proyecto oficialista. Se trata de la iniciativa del presidente de la comisión de Hacienda, Sergio Vendramín, quien propuso (con la venia del ministro de Hacienda, Marcelo Costa) que Mendoza ratifique el pacto y los recortes de ANSES para evitar el juicio que promueven los radicales.

Sin embargo, la propuesta nunca recibió dictamen de comisión y el justicialismo directamente ha decidido ignorar su existencia. Es que al margen de que esta profesión de fe K legitimaría los recortes de fondos a la provincia, además, su presentación se contradice con la estrategia actual del oficialismo, que es demostrar que el Pacto Fiscal sigue siendo legal y no necesita que la Legislatura lo discuta.