El funcionario se señaló que “habrá que ver cual es la decisión del Poder Judicial porque más allá de lo poco o mucho que sea el monto final va afectar su Presupuesto y obviamente que lo tendrán que contemplar dentro de la cuota presupuestaria que le corresponde. Esto es injerencia del Poder Judicial y mal nos podemos inmiscuir en una cuestión interna que le es propia”.

En febrero de este año la provincia fue en “queja” a la Corte Suprema tras una apelación denegada por el tribunal ad hoc en el que se tramita el caso a finales de 2008, y que tras la resolución de la Corte se “deja firme el fallo que le reconoce al ex fiscal Gustavo Muller este reclamo en cuanto a la diferencia de los haberes desde aquella vez”.

Un asunto complejo

Así Miró hizo referencia a la decisión tomada por el Superior Tribunal de Justicia de pagar un porcentual determinada de haberes que pagó a una parte del personal y a otra se denegó ese derecho que se transformó en una causa judicial en la que se le dio la razón a Muller pero constituye un pronunciamiento pero ahora “todas las personas que hicieron el reclamo por la misma causa tienen derechos”.

“Acá la fecha de corte es el 2008 y hacia atrás hay que ver porque hay que ver muchas aristas porque nadie, a ciencia cierta, ha hecho un cálculo para tener la prudencia del caso. Solo se puede reclamar hasta el 2008, después tiene que estar el reclamo activo, no haber caído por caducidad de instancia o por alguna otra causal”, acotó.

El funcionario señaló que el universo de personas afectadas “está relacionado con la posibilidad o real legitimidad de su reclamo, porque estamos hablando de personas que no lo cobraban y en el caso de los jueces o de quienes si estaban cobrando el aumento, pero no lo cobraban como no remunerativo van a tener posibilidades de reclamar las diferencias”.

“Hay que ver como se toma esto: cómo un crédito laboral, con lo cual hay hacia atrás dos años, como un crédito normal, de los años hacia atrás que se puede reclamar, qué tipo de intereses se reclama, cuánta diferencia se reconoce, cuántas personas son realmente, que no están dichas en el expediente”, remarcó.

La evaluación

Miró apuntó que a través de Fiscalía de Estado se realizará un informe para ver la cantidad de personas afectadas, la cantidad de carpetas que existe y que “por lo menos es apresurado hablar de una cifra cuando no se sabe el universo, primero de actores, y ahora con el caso Muller tendremos una reseña de cuales son los parámetros de lo que se llama una planilla judicial”.

Con ese instrumento se sabrá cómo se va a liquidar, qué rubros comprende, qué años se interpreta son los válidos para reclamar. “Todo eso nos podrá dar un número, pero me parece muy apresurado tirar un universo que no está contemplado ni siquiera en el propio expediente porque no hay ninguna liquidación hecha en toda esta causa”, puntualizó.

Además marcó que las partes deberán confeccionar planillas, que pueden intervenir peritos, que la cifra final deberá ser resuelta por ese tribunal. Por eso sostuvo que “no es un tema fácil, no es un tema que tenga resolución inmediata, ni mucho menos, ni hablar de todos los casos que vienen de atrás, algunos con naturaleza contencioso administrativa de origen y otros un poco más complejos”.

Miró dijo que “llama la atención como la atención en un mes la Corte Suprema empezó a acelerar todas las causas que tiene que ver con esta provincia y no metemos en dos temas que son complejos” pero sostuvo que esto no significa “desalentar a la gente que viene luchando pero nosotros nos tomaremos el tiempo para analizar las demandas”.

“Nosotros tenemos prudencia: los recursos del Estado son finitos, no se pueda gastar más de lo que ingresa. No se puede tener todos los ingresos destinados a salarios, también hay que hacer obras. Hay un orden de prioridades”, consignó